VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Montelón Nava
*La aprobación sin modificaciones del gasto federal confirma una preocupante concentración de decisiones presupuestales; el recorte al INE en vísperas de las elecciones de 2027 y el creciente peso de la deuda obligan a cuestionar las prioridades del gobierno y la sostenibilidad de sus finanzas.
La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, por un monto de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, después de una discusión parlamentaria que se prolongó durante casi 19 horas y en la que ninguna de las aproximadamente 1,760 reservas presentadas por la oposición consiguió modificar el dictamen.
Más allá de las cifras, lo que merece atención es la ausencia de una discusión efectiva sobre las prioridades nacionales, los riesgos financieros que enfrenta el país y las consecuencias que puede tener una política presupuestaria que continúa comprometiendo recursos futuros mediante el endeudamiento, mientras persisten necesidades fundamentales.
El problema no consiste únicamente en cuánto pretende gastar el gobierno, sino en cómo obtiene los recursos, en qué los utiliza y qué capacidad tendrá para responder a las obligaciones que está adquiriendo. Y es que el presupuesto público debe ser, ante todo, un instrumento de equilibrio entre las necesidades presentes y la responsabilidad de no hipotecar las posibilidades de las próximas generaciones.
Y es que la deuda pública sigue creciendo. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público llegó a 19.6 billones de pesos al cierre de septiembre de 2026, equivalente al 52.6 por ciento del Producto Interno Bruto. Para dimensionar el cambio, en 2018 ese indicador representaba 43.6 por ciento del PIB.
El costo del endeudamiento tiene una consecuencia particularmente delicada: los recursos destinados al pago de intereses dejan de estar disponibles para ampliar hospitales, contratar médicos, mejorar escuelas, fortalecer policías o construir infraestructura. La propia estructura del presupuesto reconoce el peso de estas obligaciones. De los 3.2 billones de pesos correspondientes al gasto no programable, casi la mitad se concentra en el costo financiero de la deuda.
La pregunta es inevitable: ¿cuánto margen tendrá el país para atender nuevas necesidades sociales si una parte creciente de sus ingresos debe destinarse a pagar intereses de la deuda?
Otro aspecto que merece una revisión cuidadosa es la reducción de 6 mil millones de pesos al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral. El organismo tendrá que organizar en 2027 un proceso electoral federal concurrente con elecciones locales, además de preparar la renovación de la Cámara de Diputados.
La asignación final quedó en aproximadamente 36 mil 774 millones de pesos, después de la reducción aprobada durante el proceso presupuestario. La decisión se tomó bajo el argumento de que el Instituto puede cumplir sus responsabilidades con menos recursos, pero esa afirmación requiere una evaluación técnica transparente, no solamente una determinación política.
Organizar elecciones no consiste únicamente en instalar casillas el día de la jornada. Implica actualizar el padrón electoral, expedir credenciales, capacitar funcionarios, garantizar la fiscalización de los partidos, organizar los procesos de selección y cómputo, y ofrecer condiciones de certeza y legalidad a millones de ciudadanos.
En un contexto donde la confianza en las instituciones electorales constituye un elemento esencial para la estabilidad democrática, reducir recursos al árbitro electoral obliga a preguntar si se está realizando un ajuste presupuestario razonable o si se están debilitando las condiciones materiales de una institución cuya autonomía hoy está en entredicho y bajo la amenaza de la 4T.
Las presiones financieras tampoco pueden analizarse al margen de las necesidades sociales. México enfrenta rezagos estructurales en sus servicios de salud, insuficiencia de personal médico, problemas de abastecimiento de medicamentos y hospitales que requieren mantenimiento y equipamiento. En educación persisten carencias de infraestructura, desigualdad en las oportunidades de aprendizaje y necesidades de capacitación docente. En seguridad, las corporaciones requieren mejores condiciones laborales, equipamiento, inteligencia y capacidades de investigación.
Hay otro factor que no puede quedar fuera de este análisis: la corrupción y el uso ineficiente de los recursos públicos. Cada peso que se pierde por irregularidades, sobrecostos, asignaciones discrecionales o proyectos deficientemente ejecutados representa una oportunidad menos para atender una necesidad colectiva.
La transparencia y la rendición de cuentas no son asuntos secundarios ni exigencias exclusivas de la oposición. Si el gobierno exige a los ciudadanos contribuir mediante impuestos y acepta comprometer recursos de futuras generaciones, tiene la obligación de demostrar que cada peso se ejerce con legalidad, eficiencia y resultados verificables.
No pueden soslayarse las señales de presión fiscal, el crecimiento de las obligaciones financieras y la necesidad de fortalecer la capacidad productiva del país, lo que podría derivar en una grave crisis, sobre todo cuando no hay inversión, productividad, certidumbre jurídica y generación de empleos formales y la recaudación difícilmente podrá crecer al ritmo que demandan las obligaciones del Estado. Endeudarse sin resultados proporcionales de crecimiento representa un riesgo que debe discutirse abiertamente.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.
