Alfredo Quiles Cabrera| CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- El Instituto Electoral del Estado de Colima (IEEC) se desvinculo de las empresas ligadas a José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas y otras proveedoras vinculadas a los hermanos, las cuales fueron “favorecidas” y “beneficiarias” por el Instituto Nacional Electoral a cargo de Guadalupe Taddei Zavala para fabricar boletas, urnas y otros materiales electorales entre 2018 y 2024.
El presidente provisional del Instituto Electoral del Estado de Colima, Juan Ramírez Ramos, rechazó tajantemente que este órgano electoral haya realizado alguna negociación o adquisición con las empresas denunciadas públicamente de haber sido “favorecidas” por el INE: Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.
Ramírez Ramos señaló que, el Instituto Electoral del Estado de Colima desde hace años viene laborando con la empresa Talleres Gráficos de México, que es un organismo público descentralizado con una sólida trayectoria al servicio de la nación.
Dichas empresas “favoritas” de la presidencia del INE, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), también acumulan alrededor de mil 767.1 millones de pesos en contratos con los institutos electorales locales (OPLE’s) para fabricar boletas, urnas y otros materiales electorales entre 2018 y 2024.
Es de mencionar que, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) iniciaran investigaciones en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) incluyen un esquema de adjudicaciones directas que vincula a un conglomerado de siete empresas que, además de haber sido beneficiadas por el órgano electoral a cargo de Guadalupe Taddei Zavala, también han obtenido contratos en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de al menos 13 estados de la República.
La ASF indicó que investigará “con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico” a los indicios de “irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”, y agregó que sus revisiones abarcaran al propio INE, a Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), pero también a las empresas proveedoras y a funcionarios.
La UIF y la ASF deberán establecer qué empresas participaron en las operaciones cuestionadas, qué relaciones corporativas y financieras mantienen y si existieron irregularidades en las adjudicaciones o en el uso de recursos públicos. Entre las empresas con contratos hay firmas de los Hernández Casillas y otras que han sido relacionadas con los hermanos en reportes periodísticos, sin que ello se acredite por sí mismo.
