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Francia. – Francia vivió una nueva jornada de protestas contra el encarecimiento de la vida, con una asistencia estimada de entre 410 mil personas, de acuerdo con las autoridades, y cerca de 800 mil, según el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT).
Las movilizaciones, realizadas en distintas ciudades del país, exigieron medidas para compensar la pérdida de poder adquisitivo y mejores condiciones para los estudiantes de secundaria. Las manifestaciones también concentraron críticas contra el gobierno del presidente Emmanuel Macron, quien dejará el cargo en mayo.
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que casi mil personas fueron detenidas durante los operativos relacionados con las protestas y advirtió que la cifra podría aumentar.
Aunque calificó las movilizaciones como jornadas que transcurrieron en general sin problemas, señaló que hubo enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos a los que describió como de riesgo, entre ellos militantes de la extrema izquierda radical.
París concentra una de las mayores movilizaciones
En la capital francesa, la CGT calculó que 250 mil personas participaron en la marcha, mientras que la prefectura de policía situó la asistencia en 110 mil. El recorrido fue modificado por las autoridades a última hora.
La jornada representó la segunda gran movilización en una semana. Durante las protestas anteriores, las estimaciones de asistencia oscilaron entre 550 mil y 800 mil personas, según los datos oficiales y de los organizadores.
El gobierno buscó evitar que se repitieran los disturbios y saqueos registrados durante las manifestaciones de la semana pasada, que generaron repercusiones dentro y fuera del país.
Gobierno refuerza medidas de seguridad
Ante el riesgo de nuevos incidentes, las autoridades anunciaron una política de tolerancia cero frente a los disturbios, desplegaron a 70 mil agentes y prohibieron concentraciones en algunas ciudades.
Además, desde el lunes se establecieron restricciones nocturnas en determinados barrios, como parte de las medidas para contener posibles alteraciones del orden público.
