Por: Rodolfo F. Carrillo Moreno
Después de mucho tiempo sin escribir, esto fue por motivos académicos, concluí mi Maestría en Administración Pública, y ya encarrilado tomé la misma ruta de seguir preparándome en el mismo ámbito, continuar con el Doctorado en Administración Publica en el Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
No por eso dejare de seguir escribiendo y hablando de temas que para su servidor son fundamentales como el manejo, cuidado, protección del Medio Ambiente y la Ecología, para gran parte de la población, no sabe o no quiere saber de los grandes problemas que estamos ocasionando como seres humanos en la destrucción de los ecosistemas en los cuales vivimos.
Por eso hago una pregunta que es muy interesante, ¿Por qué las lagunas del Estado de Colima no están siendo atendidas como se debe?, aclaro en todos los ámbitos, social, ambiental, ecológico y económico.
La falta de una atención integral en los cuerpos de agua del estado de Colima responde a una combinación de presiones económicas, disputas de jurisdicción y dinámicas socioambientales.
Factores estructurales y económicos:
Expansión industrial y portuaria: En el caso de la Laguna de Cuyutlán (Manzanillo), las prioridades de infraestructura nacional, como el puerto comercial, vialidades, tendidos férreos e industrias pesadas, han fragmentado sus cuatro vasos, alterando los flujos naturales de agua dulce y salada.
Fragmentación de atribuciones: Existe dispersión institucional entre la Federación (Conagua, Semarnat, Asipona), el Gobierno del Estado y los Municipios. Al ser varios entes con facultades distintas sobre zonas federales, cuencas y drenaje urbano, las intervenciones suelen ser parciales o reactivas.
Descargas y basura de zonas urbanas: Varias lagunas costeras e interiores reciben aguas residuales con tratamiento deficiente o residuos agrícolas e industriales, lo que acelera su azolvamiento y degradación ambiental.
Factores ambientales y climáticos
Deterioro de la cuenca alta: La deforestación y la pérdida de cubierta vegetal en las zonas altas reducen la infiltración de agua y la recarga de los mantos que alimentan las lagunas (como se ha observado en Carrizalillos y otros bordos en comarcas rurales).
Pérdida de manglar: El cambio de uso de suelo ha disminuido significativamente la presencia de manglares, que funcionan como filtros naturales y barreras contra la erosión.
En años recientes, comunidades locales, salineros y organizaciones ecologistas han impulsado la defensa de estas zonas, logrando frenar proyectos de alto impacto ambiental en la Laguna de Cuyutlán mediante resoluciones de Semarnat. Sin embargo, la restauración sostenible requiere un plan maestro interinstitucional de manejo de cuencas y mayor inversión en tratamiento de agua.
La percepción de ineficacia o inacción por parte del Gobierno del Estado en la protección de las lagunas tiene raíces profundas en el diseño institucional, la distribución de competencias legales y la economía política de la región.
Analizado desde una perspectiva de administración pública, el problema se sostiene por varias barreras estructurales:
- El laberinto jurisdiccional (Ámbito de Competencias)
El mayor obstáculo institucional es que **los cuerpos de agua y las zonas federales marítimo-terrestres no pertenecen al Estado**. Por ley, la gestión del agua y de ecosistemas como los manglares es competencia exclusiva de la Federación (a través de Semarnat, Conagua y Profepa).
El Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (IMADES) del estado tiene facultades limitadas. Solo puede intervenir en temas de ordenamiento territorial estatal, impacto ambiental de obras locales y gestión de residuos de manejo especial. Esta fragmentación permite que el Estado evada responsabilidades argumentando que “es tema federal”, mientras la Federación carece de personal suficiente en la delegación local para vigilar adecuadamente.
- Asimetría de poder frente al Puerto
En el caso específico de la Laguna de Cuyutlán, el Estado se enfrenta a un gigante: la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) y las grandes empresas logísticas. El puerto de Manzanillo es la aduana marítima que más recauda en todo el país. Cuando los intereses de expansión portuaria federal chocan con la conservación ecológica estatal, el Gobierno del Estado rara vez tiene el peso político o jurídico para detener las obras impulsadas desde el centro del país.
- Déficit presupuestal y capacidad institucional
Los recursos que el Estado etiqueta específicamente para la restauración y protección ecológica son históricamente raquíticos.
Inspección y vigilancia: Las dependencias ambientales estatales carecen del número de inspectores, vehículos y tecnología necesarios para vigilar las descargas ilegales o los rellenos clandestinos en las orillas de las lagunas.
Dependencia federal: Al depender financieramente en gran medida de las participaciones y aportaciones federales, el Estado tiene poco margen para financiar megaproyectos de saneamiento sin el respaldo del gobierno de la República.
- Fragmentación en el saneamiento del agua (Municipios vs. Estado)
Las lagunas se contaminan principalmente por las descargas de aguas residuales urbanas y agrícolas. Sin embargo, por el Artículo 115 Constitucional, el alcantarillado y saneamiento es responsabilidad de los **Municipios** (a través de sus organismos operadores de agua, como Ciapacov o Capdam), no del Gobierno del Estado. Cuando los municipios no tienen dinero para operar o ampliar sus plantas de tratamiento, el Estado solo actúa como un coordinador débil, y las lagunas terminan siendo el receptor final de esta falla intergubernamental.
- Falta de continuidad en políticas públicas
La protección de una laguna requiere planes de manejo de cuencas a 15 o 20 años (reforestación, dragado, educación ambiental). Los cambios de administración estatal cada seis años suelen interrumpir los programas ambientales, desechando el trabajo previo para iniciar “nuevos” proyectos que rara vez trascienden el sexenio.
El resultado no es necesariamente que el Gobierno del Estado no quiera trabajar, sino que “el marco de la administración pública actual está diseñado de forma reactiva y desarticulada”, dejando los ecosistemas atrapados en el “limbo” de quién debe pagar y quién debe actuar.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.