Por: Noé Guerra Pimentel
El cambio de nombre de sitios históricos por razones políticas fragmenta la identidad nacional y debilita la memoria colectiva. En fechas recientes, la agenda pública nacional se ha visto sacudida por debates impulsados desde el Poder Ejecutivo, donde la presidente ha instruido la modificación toponímica de lugares emblemáticos como el Paso de Cortés, un esfuerzo retórico que evoca los intentos de López Obrador, por renombrar de manera oficial el Golfo de Cortés (o Golfo de California), propósito que no trascendió.
Y es que cuando el Estado se empeña en alterar la nomenclatura geográfica, cartográfica y patrimonial de una nación, el motivo detrás de esas acciones, lo sabemos, rara vez es la justicia social o la legítima reparación histórica que suelen pregonar. Se trata, simple y llanamente, de un uso faccioso y utilitario del pasado para construir la falsa narrativa de buenos contra malos, diseñada para continuar polarizando a la sociedad y movilizar simpatías. Lo que resulta ser un acto irresponsable, por decir lo menos, ya que, modificar la toponimia tradicional y los referentes geográficos que nos dan cohesión, provoca efectos negativos como la pérdida de raíces y mutilación del mestizaje.
Borrar los nombres que han bautizado nuestra geografía por siglos, rompe el hilo conductor de nuestra historia compartida y es ignorar que México es un país mestizo, nacido del choque violento, pero también de la fusión cultural permanente entre el mundo indígena y el europeo, a los que se sumaron el africano y el asiático. Negar el nombre de Hernán Cortés en la cartografía nacional no desaparece los hechos históricos ni borra el pasado virreinal; por el contrario, solo fragmenta la comprensión de quiénes somos hoy en día y fomenta un rechazo chauvinista hacia componentes fundamentales de nuestra herencia cultural. El Paso de Cortés no celebra a un personaje; marca un hito geográfico, físico y cronológico indispensable para entender nuestra compleja formación como sociedad actual.
No obstante, algunos insisten en desconocer que la identidad se construye a través del lenguaje cotidiano y la memoria compartida del entorno natural y que cambiar un nombre histórico desorienta la memoria viva de las comunidades que habitan esos espacios desde hace generaciones, despojándolas de sus referencias cotidianas de pertenencia y de su herencia simbólica. Para los habitantes de las regiones aledañas a estos sitios, el nombre original es parte fundamental de su patrimonio intangible, de su literatura y oralidad, de sus mapas comunitarios y de su arraigo. La imposición vertical de nuevas denominaciones desde el centro político quiebra este vínculo afectivo y genera sentimientos de desposesión, donde el territorio ya no les pertenece a ellos, sino al burócrata en turno.
Por otro lado, estos caprichos, de concretarse, suelen salir caros, ya que consumen valiosos recursos públicos y tiempo irrecuperable en las agendas mediáticas oficiales. Modificar la toponimia oficial exige costosos cambios burocráticos en registros civiles, cartografía del INEGI, libros de texto, señalética vial y documentos oficiales. Mientras la opinión pública nacional se desgasta discutiendo símbolos abstractos del siglo XVI, la población queda desatendida ante las crisis y los verdaderos problemas del siglo XXI y de nuestro país, como la generalizada inseguridad, el desabasto crítico de medicamentos y en los servicios de salud, el estancamiento económico y el deterioro del sistema educativo que aquejan el día a día de millones.
Los nombres del patrimonio nacional no deben ser utilizados como trofeos de la administración en turno. Cuando la política secuestra a la historia para legitimar sus proyectos de poder, el pasado deja de ser una fuente de aprendizaje crítico, para convertirse en arma de división. La riqueza y la verdadera fortaleza de toda nación radican en tener la madurez para aceptar todas y cada una de sus etapas históricas, con sus luces y sombras, y no en editarlas al antojo del quienes ocupen el gobierno. Una sociedad que borra sus mapas por simple dicho político está condenada a perder el rumbo de su propio futuro.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.