*La queja señala tres declaraciones de Javier May y solicita a la CNDH determinar si vulneraron la presunción de inocencia de Bermúdez Requena.
CN COLIMANOTICIAS
Ciudad de México.- El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra el gobernador Javier May Rodríguez, a quien señala de vulnerar su derecho a la presunción de inocencia mediante declaraciones públicas sobre las investigaciones penales que enfrenta.
De acuerdo con el periodista de investigación Víctor Hugo Arteaga, quien tuvo acceso a la queja y a una carta manuscrita de Bermúdez Requena, el exfuncionario busca que el organismo analice los pronunciamientos del mandatario estatal y, en su caso, determine si hubo una afectación a sus derechos humanos. La queja fue presentada desde el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, donde permanece bajo prisión preventiva.
Arteaga explicó Aristegui en Vivo que la queja tiene como eje tres momentos en los que May se refirió públicamente a Bermúdez Requena y que, según el exsecretario, constituyen un juicio anticipado sobre su responsabilidad penal.
“En su denuncia de once páginas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisa los momentos en los que el gobernador Javier May ha sido pues un juez de facto calificándolo y juzgándolo en sus declaraciones ante los medios de comunicación”, explicó el periodista.
Según la documentación compartida por el periodista, el primer episodio ocurrió el 13 de noviembre de 2024, cuando May fue cuestionado sobre quién comandaba el grupo conocido como La Barredora. Ante la mención de Bermúdez Requena, el gobernador respondió afirmativamente después de señalar que “todos saben” quién lo encabezaba.
El segundo ocurrió el 22 de septiembre de 2025, cuando May afirmó que en la investigación contra el exfuncionario “se tiene que saber la verdad, por muy dura que sea”. El tercero se registró el 31 de marzo de 2026, cuando el gobernador declaró que no se descartaban nuevas imputaciones contra Bermúdez Requena y que las autoridades contaban con información y pruebas para integrar nuevos argumentos.
Bermúdez Requena sostiene que esos pronunciamientos, analizados en conjunto, habrían generado ante la opinión pública una narrativa de culpabilidad antes de que exista una sentencia. Por ello, pide a la CNDH que examine las declaraciones bajo el principio de presunción de inocencia, particularmente en su dimensión como regla de trato extraprocesal.
Arteaga señaló que la petición busca que la comisión revise las pruebas aportadas por Bermúdez Requena, entre ellas publicaciones de medios de comunicación nacionales que reprodujeron las declaraciones de autoridades.
En el escrito, Bermúdez Requena solicita que la queja sea admitida y que se investiguen los hechos. Si la CNDH determina que existió una violación a sus derechos humanos, pide que emita la recomendación correspondiente. También plantea una disculpa pública institucional y que las autoridades se abstengan de anticipar responsabilidad penal mientras continúen pendientes los procesos judiciales.
Señala una campaña política y mediática
Además de la queja ante la CNDH, Bermúdez Requena difundió una carta manuscrita de dos páginas dirigida a sus familiares, amigos y a la opinión pública, en la que se declara inocente y afirma ser víctima de una persecución política y mediática.
Arteaga explicó que, a diferencia de la carta, en la queja ante la CNDH sí identifica al gobernador de Tabasco como el responsable de lo que considera una persecución en su contra.
“Dice que sufre una persecución mediática y política, aunque no se refiere ni precisa exactamente de quién es la persecución política, y después logramos acceder también a una denuncia que interpuso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos […] en la que especifica qué medios lo han perseguido, y dice que el gobernador de Tabasco es quien lidera esta persecución mediática y política”, relató.
En la carta, Bermúdez Requena estructura su defensa alrededor de tres argumentos: la presunción de inocencia como regla de tratamiento durante el proceso; la obligación de que la carga de la prueba corresponda a quien lo acusa, con elementos “sólidos, contundentes, claros objetivos y precisos”; y la afirmación de que, sin esas pruebas, no existe ninguno de los delitos que se le atribuyen.