Ventana Política
La autopista Colima–Manzanillo: dos años tarde, pero ojalá no demasiado
Por: Guillermo Metelón Nava
Durante más de dos años, miles de colimenses han transitado diariamente por una autopista que dejó de ser únicamente una vía de comunicación para convertirse en un auténtico cuello de botella. Los trabajos de ampliación de la carretera Colima-Manzanillo, indispensables para el desarrollo logístico del estado, terminaron exhibiendo una realidad que pudo evitarse: una planeación deficiente, una coordinación institucional insuficiente y una preocupante indiferencia frente a las consecuencias que padecieron diariamente los ciudadanos.
No se trata únicamente de horas perdidas en interminables filas de vehículos. El costo ha sido mucho mayor. Accidentes, pérdidas económicas, retrasos en la actividad comercial, afectaciones al turismo y, lo más doloroso, vidas humanas que se han perdido en un tramo carretero que debió ser administrado bajo estrictos criterios de seguridad.
La pregunta inevitable es por qué tuvieron que pasar más de dos años para que finalmente las autoridades decidieran sentarse en una misma mesa.
La reciente reunión entre dependencias estatales, autoridades federales, corporaciones de seguridad y la empresa constructora representa, en principio, una buena noticia. Nadie puede oponerse a que exista coordinación institucional para enfrentar un problema que afecta prácticamente a todo Colima. Sin embargo, también deja una sensación incómoda: ¿por qué apenas ahora?
Durante meses las cámaras empresariales levantaron la voz. Lo hicieron los transportistas, cuya productividad ha resultado seriamente afectada. También los hoteleros y prestadores de servicios turísticos advirtieron que la mala experiencia para quienes llegan por carretera termina afectando la imagen del estado. Miles de ciudadanos utilizaron las redes sociales para denunciar diariamente el caos vial, mientras las protestas comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes.
Parecía que nadie escuchaba.
Fue hasta que el tema escaló políticamente —con un pronunciamiento público del senador Virgilio Mendoza, quien exigió acciones concretas para atender la problemática— cuando el asunto adquirió una nueva dimensión en la agenda pública. No puede afirmarse que esa intervención haya sido el único detonante de la reacción gubernamental, pero resulta difícil ignorar la coincidencia temporal entre el aumento de la presión política y social y la instalación de esta mesa de coordinación.
Si ello sirvió para acelerar las decisiones, bienvenida sea la presión democrática.
Porque gobernar también significa escuchar antes de que el problema alcance niveles de crisis.
Ahora bien, la reunión por sí sola no resolverá absolutamente nada si no se traduce en decisiones concretas. El verdadero desafío consiste en replantear integralmente la estrategia con la que se desarrolla esta obra.
La empresa constructora deberá revisar la forma en que administra los frentes de trabajo, la señalización preventiva, los horarios de intervención, los desvíos provisionales y las medidas de protección para los usuarios. No basta con colocar algunos señalamientos o reducir temporalmente la velocidad permitida. La ingeniería del tránsito exige soluciones mucho más sofisticadas cuando diariamente circulan miles de vehículos particulares y de carga pesada.
Por su parte, las autoridades federales tampoco pueden limitarse a supervisar desde los escritorios. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, junto con la Guardia Nacional División Caminos, tiene la responsabilidad de garantizar que la ejecución de la obra cumpla con estándares adecuados de seguridad vial.
El gobierno estatal, aunque la autopista sea de competencia federal, tampoco puede mantenerse como un simple espectador. Los efectos del problema repercuten directamente sobre la economía, la movilidad y la seguridad de los colimenses. En consecuencia, su obligación política consiste en coordinar, gestionar y exigir soluciones, incluso cuando las facultades legales recaigan en otra instancia.
La perspectiva hacia adelante dependerá de un elemento fundamental: la voluntad de corregir errores.
Si la mesa de trabajo únicamente sirve para emitir comunicados optimistas, dentro de unas semanas volveremos exactamente al mismo punto.
Pero si realmente existe disposición para rediseñar los esquemas operativos, implementar presencia permanente de corporaciones de seguridad, reorganizar los flujos vehiculares, establecer horarios inteligentes para los trabajos más complejos y transparentar los avances de la obra, todavía es posible recuperar la confianza ciudadana.
También sería deseable que esta experiencia deje una enseñanza para futuros proyectos de infraestructura.
No basta con anunciar inversiones millonarias ni presumir ampliaciones carreteras. Las obras públicas deben planearse pensando primero en las personas que las utilizan todos los días. El éxito de una construcción no se mide únicamente por los kilómetros pavimentados, sino por la capacidad de ejecutarla minimizando riesgos, afectaciones económicas y pérdidas humanas.
La ampliación de la autopista Colima-Manzanillo es una obra estratégica para el desarrollo del estado y para el puerto más importante del Pacífico mexicano. Nadie discute su necesidad. Lo que sí resulta legítimo cuestionar es la forma en que ha sido administrada.
Hoy existe una nueva oportunidad para corregir el rumbo. Ahora les corresponde a las autoridades y a la empresa constructora demostrar que esta reunión no fue simplemente una respuesta coyuntural a la inconformidad creciente, sino el inicio de una estrategia seria para devolver seguridad y fluidez a una carretera que nunca debió convertirse en sinónimo de riesgo, desesperación y tragedia.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.