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México. -El gobierno de Estados Unidos investiga a los gobernadores mexicanos Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, ambos de Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado, el primero, y por huachicol, el segundo, de acuerdo con Los Angeles Times.
Según el diario estadounidense, a ambos se les revocó su visa en medio de investigaciones penales, pero se encuentran bajo un programa conocido como libertad condicional por beneficio público significativo, que permite a personas no ciudadanas testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos reales o pendientes en su contra o en contra de terceros.
Una investigación de Los Angeles Times y Puente News Collaborative señala que la acción contra los gobernadores en funciones, amenaza con debilitar a Morena, partido gobernante de México, y tensar aún más la relación entre ambos países.
Según fuentes relacionadas con el caso, que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos, la visa del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo fue cancelada el año pasado y Estados Unidos lo investiga por presuntos vínculos con el crimen organizado.
El medio señala que Durazo viaja a Estados Unidos con regularidad para recibir tratamiento especializado por una afección médica, gracias al programa de libertad condicional en el que se encuentra y que, detalla, suele reservarse para personas que cooperan con las autoridades. Los Angeles Times añadió que contactó a la oficina de Durazo para solicitar comentarios, sin suerte.
Mientras que la investigación contra Américo Villarreal está relacionada con el contrabando de combustible (huachicol), dijeron al diario fuentes cercanas al caso, quienes indicaron que Villarreal también cuenta con la libertad condicional por beneficio público significativo.
Los Angeles Times citó una declaración de Villarreal en la que negó haber cometido alguna irregularidad y calificó las acusaciones de falsas, sesgadas y carentes de pruebas. Afirmó que, como funcionario público, siempre ha actuado con transparencia y responsabilidad, y ha respetado la ley.
En abril pasado, el Departamento de Justicia de EU acusó al entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros nueve funcionarios, de ayudar al Cártel de Sinaloa a introducir de contrabando fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y favores electorales.
Cabe recordar que en ese caso un gran jurado en Nueva York emitió la acusación en contra del ahora gobernador con licencia, también morenista, lo cual llevó a la solicitud de su extradición por parte del gobierno estadunidense.
Con información de El Universal

