Sociedad de la información
Por: Luis Alfonso Polanco Terríquez
Colima.- Este jueves 28 de mayo, la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez estuvo a punto de sumirse, una vez más, en la sequía y el caos doméstico. El motivo: los pobladores de Zacualpan apagaron las bombas que distribuyen el vital líquido, argumentando presuntos incumplimientos gubernamentales. Esta peligrosa constante ha ido creciendo.
Lo irónico del caso es que este mecanismo de chantaje social fue sembrado y cultivado, en el pasado reciente, por quienes hoy detentan el poder en la administración estatal y en la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV). Como bien advertía Nicolás Maquiavelo en El Príncipe: «El que propicia el poder de otro, labra su propia ruina». Los sembradores de vientos hoy cosechan tempestades.
Es verdad que el actual director de la CIAPACOV, Vladimir Parra —otrora activista y agitador que azuzaba a esa misma población a levantar demandas y apagar los motores—, intervino con presteza para restablecer el servicio tras cuatro o cinco horas de parálisis. Sin embargo, resulta una verdad a luces —y una flagrante injusticia— que más de 300 mil ciudadanos dependan del capricho de apenas dos centenares de comuneros que, cada vez que lo dictan sus intereses, bajan el interruptor de la estabilidad metropolitana.
Revisemos la legalidad. Desde la promulgación de nuestra Carta Magna en 1917, quedó claramente establecido en su artículo 27 que las aguas territoriales pertenecen originariamente a la Nación; son de todos los mexicanos. Recientemente, el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha impulsado reformas sustantivas para frenar la privatización y el acaparamiento del recurso. En el ámbito local, es evidente que tanto el Gobierno del Estado como la propia CIAPACOV han cedido demasía ante las exigencias de Zacualpan, sumando prebendas a las ya otorgadas por las dos administraciones estatales precedentes.
Este exceso de concesiones ha terminado por corromper el tejido social de la comunidad. Hoy es de conocimiento público la profunda división interna que lacera a Zacualpan: convertidos en clientelas políticas, los grupos se disputan los beneficios y los recursos. Mientras tanto, miles de familias en las colonias de la zona conurbada ya quisieran gozar de una fracción de los apoyos e infraestructura que se le han entregado a dicha población. La ciudadanía de Colima ya no pide, exige que el Gobierno del Estado actúe con la firmeza propia de una autoridad legítima, y que la CIAPACOV asuma su rol rector sin titubeos ideológicos.
Ante los constantes atrevimientos de este grupo, ha llegado el momento de que la autoridad civil aplique la ley. Es imperativo resguardar de manera permanente las instalaciones de bombeo con el apoyo de las corporaciones policiacas, e incluso consignar ante la justicia a quienes incurran en el delito de despojo o alienten el sabotaje de un servicio público esencial.
El agua no es propiedad exclusiva de una comunidad; pertenece al pueblo de Colima y a la Nación. Regalar la aplicación de la ley por temor al costo político es la renuncia misma del Estado. Thomas Hobbes, en su monumental Leviatán, lo dejó claro: «Los pactos sin la espada no son más que palabras, y carecen de fuerza para asegurar en absoluto a un hombre». Sin el uso legítimo de la fuerza para hacer valer el derecho, la sociedad cae en el caos.
Para la reflexión obligada. Recordemos cómo el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez no dudó en judicializar y llevar ante los tribunales al padre de la hoy gobernadora por la toma de instalaciones federales, o cómo se utilizan a los cuerpos antimotines para disolver los bloqueos en la autopista cuando la presión social desbordaba las vías institucionales.
Es el momento de que la administración de Indira Vizcaíno Silva y la dirección de Vladimir Parra actúen con la altura que exige el Estado de Derecho. No deben heredar este polvorín social a la próxima administración, y mucho menos a su correligionaria y probable sucesora, Rosy Bayardo. Nadie puede estar por encima de la ley. Una minoría, por más narrativa indigenista o social que construya, carece de argumentos válidos para vulnerar los derechos de una mayoría, provocando crisis sanitarias y tensiones sociales innecesarias
Para despedirme. El saldo de las últimas horas es pavoroso: ocho ejecutados y tres heridos en un solo día. Demasiadas promesas, teniente Fabián Ricardo. Al secretario de Seguridad Pública de la entidad ya debería quedarle claro que sus solas fuerzas son insuficientes; necesita y debe exigir de manera urgente el apoyo irrestricto de la Federación. Asimismo, es urgente que investigue y cumpla su palabra de entregar a la justicia a aquellos funcionarios públicos de Colima que se encuentran coludidos no solo con la corrupción institucional, sino con las estructuras del crimen organizado. Las palabras, teniente, adquieren un peso sagrado cuando se porta el uniforme militar; las palabras de honor se sostienen con hechos. Nos vemos en otra entrega.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.