VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Montelón Nava
En política, las formas casi siempre revelan el fondo. Y lo que hoy ocurre en el país con el partido gobernante parece confirmar una realidad que nadie en la clase política ignora: la elección de 2027 ya comenzó, aunque oficialmente aún falten muchos meses para que arranque el proceso electoral.
En distintas entidades del país, el partido en el poder ha iniciado la designación de coordinadores estatales, coordinadores distritales federales, coordinadores en distritos locales e incluso responsables municipales. Formalmente, se trata de una estrategia de organización territorial para fortalecer la estructura del partido. En los hechos, sin embargo, estos nombramientos funcionan como el primer paso para posicionar aspirantes y comenzar la disputa interna por las candidaturas.
La fórmula no es nueva. Desde su fundación, MORENA ha recurrido al método de las encuestas para definir a sus candidatos. Bajo ese esquema, los aspirantes suelen asumir cargos de “coordinadores” o “promotores” antes de convertirse oficialmente en candidatos. Durante ese periodo recorren el territorio, sostienen reuniones con militantes, participan en eventos públicos y construyen una presencia política que, en términos prácticos, equivale a una precampaña. La diferencia ahora es que el fenómeno está ocurriendo con una anticipación inusual.
Si se observa con detenimiento, estas designaciones permiten que quienes buscan una candidatura comiencen a posicionarse con años de ventaja frente a cualquier posible competidor externo. El argumento de las encuestas funciona como un escudo político: se presenta como un mecanismo democrático de selección interna, pero es claro que se trata de un truco para “legitimar” decisiones previamente acordadas.
En otras palabras, el proceso interno se convierte en una especie de campaña adelantada que se mueve en una zona gris de la legalidad electoral.
Pero el fenómeno no se limita a la competencia entre aspirantes. En varios estados comienza a advertirse otro factor que recuerda a los viejos tiempos de la política mexicana: la influencia decisiva de los gobernadores en la definición de sus sucesores.
Durante décadas, bajo el dominio del Partido Revolucionario Institucional, la designación del candidato oficial solía responder a la voluntad del mandatario en turno. Era el famoso “dedazo”, y fue una de las prácticas más criticadas por las fuerzas políticas que posteriormente impulsarían la alternancia democrática. Hoy, paradójicamente, Morena recurre a ello.
El caso de Colima resulta particularmente ilustrativo. En la entidad que gobierna Indira Vizcaíno Silva, desde hace meses promueven a su favorita con claras ventajas dentro de la estructura partidista y gubernamental. Aunque públicamente se insiste en que la candidatura se definirá mediante encuestas abiertas y transparentes, en los hechos Rosi Bayardo es a quien vienen impulsando sin importarles violar la ley electoral, total, la oposición sigue dormida.
No se trata únicamente de Colima. En varias entidades del país se observa el mismo fenómeno: grupos políticos locales que comienzan a construir candidaturas con años de anticipación, aprovechando la estructura del partido y la cercanía con los gobiernos estatales.
El problema de fondo no es solamente la disputa interna por el poder, algo natural en cualquier democracia. Lo preocupante es que estas dinámicas se desarrollan en un contexto donde el oficialismo también ha intentado modificar las reglas del sistema electoral con intensiones perversas.
Ante el fracaso de la presidente para imponer una reforma electoral, ella anunció ya un “plan B” para avanzar mediante reformas parciales, ajustes administrativos y decisiones políticas que, gradualmente, alteren el equilibrio del sistema. Veremos pues de qué están hechos el INE, los opositores y a las instituciones de justicia.
Si a ello se suma la movilización anticipada de estructuras partidistas bajo el disfraz de coordinaciones territoriales, el resultado es un escenario donde el partido en el poder puede comenzar a construir ventajas políticas mucho antes de que arranque formalmente la contienda, Incluso recurriendo a los aliados no lícitos.
El objetivo parece claro: llegar a 2027 con una maquinaria territorial plenamente organizada, aspirantes posicionados y una narrativa de legitimidad basada en encuestas internas que, llegado el momento, respalden las candidaturas oficiales.
No se trata únicamente de ganar elecciones, algo legítimo en cualquier democracia. Se trata de consolidar un predominio político que dé continuidad del proyecto político en el poder, aún por encima de la ley
Paradójicamente, el movimiento que nació denunciando los excesos del antiguo régimen parece comenzar a adoptar algunas de sus prácticas más conocidas: sucesiones diseñadas desde el poder, campañas adelantadas disfrazadas de organización partidista y una creciente presión y control sobre las instituciones electorales.
Morena llegó al poder prometiendo transformar la vida pública del país y erradicar los vicios del pasado. Pero si el rumbo actual se mantiene, el riesgo es que la llamada transformación termine pareciéndose demasiado al sistema que alguna vez prometió cambiar.
Y cuando eso ocurre, la historia suele repetirse, no como esperanza democrática, sino como advertencia. Veremos si la sociedad es capaz de reaccionar a tiempo y en las urnas.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.