VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Montelón Nava
La propuesta de reforma electoral impulsada por la presidente Claudia Sheinbaum encendió las alarmas en el sistema político mexicano. No se trata únicamente de una discusión técnica sobre cómo abaratar elecciones o mejorar procedimientos administrativos. Lo que realmente está en juego es la arquitectura misma de la democracia mexicana y el riesgo de que el país regrese a una lógica de poder hegemónico.
Bajo el discurso de “simplificar” el sistema electoral, el gobierno pretende modificar reglas fundamentales que han sido producto de décadas de lucha política. La historia reciente de México demuestra que cada avance en materia electoral fue conquistado para evitar precisamente la concentración del poder en un solo partido.
La reforma promovida desde el poder federal tiene un objetivo nada disimulado: consolidar el predominio político de Morena y reducir el margen de competencia real de las demás fuerzas políticas. En otras palabras, sentar las bases de un sistema donde las elecciones existan, pero donde el resultado esté cada vez más condicionado por reglas diseñadas por el propio partido gobernante.
La señal más clara de que algo no marcha bien es que incluso dentro del bloque oficialista surgeron fracturas. Los aliados electorales de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, han mostrado incomodidad frente a varios puntos de la iniciativa. Y es lógico: cuando el partido dominante decide rediseñar el sistema político, los aliados de hoy pueden convertirse fácilmente en los prescindibles de mañana.
En el fondo, lo que esta reforma busca es la consolidación de un modelo de partido predominante, una fórmula que México ya conoció durante gran parte del siglo XX bajo el control del Partido Revolucionario Institucional. Durante décadas, aquel sistema permitió elecciones periódicas, oposición legal y campañas políticas, pero el poder real permanecía firmemente controlado por un solo aparato político.
Resulta paradójico que un movimiento que llegó al poder denunciando las prácticas del pasado ahora impulse cambios institucionales que evocan precisamente ese pasado. La concentración de poder, el debilitamiento de contrapesos y el intento de redefinir las reglas del juego desde el gobierno son señales que no pueden ignorarse.
Mientras tanto, en medio de este debate ha surgido una propuesta que, aunque proviene de una fuerza política más pequeña, introduce elementos más avanzados en la discusión. Movimiento Ciudadano ha planteado una reforma orientada a fortalecer la transparencia, modernizar los mecanismos de fiscalización y blindar la autonomía de las instituciones electorales. En contraste con la lógica centralizadora de la iniciativa presidencial, esta visión apuesta por reforzar los controles democráticos en lugar de debilitarlos.
La reacción de los partidos tradicionales de oposición también es contundente. Tanto el Partido Acción Nacional como el Partido Revolucionario Institucional rechazan la propuesta oficial por considerarla abiertamente antidemocrática. Pero más allá de la crítica política, han puesto sobre la mesa un tema que incomoda a buena parte del sistema político: la penetración del crimen organizado en las campañas electorales.
Ambos partidos exigen que cualquier reforma electoral seria, incluya sanciones severas contra los partidos que reciban financiamiento de los cárteles de la droga. No se trata de una preocupación menor. En amplias regiones del país, el narcotráfico ha dejado de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un factor de poder político.
Candidatos amenazados, campañas financiadas con dinero ilícito y autoridades locales sometidas a intereses criminales forman parte de una realidad que ha contaminado procesos electorales en diversas entidades. Ignorar este fenómeno en una reforma electoral sería simplemente cerrar los ojos frente a uno de los mayores riesgos para la democracia mexicana.
Sin embargo, el gobierno parece más interesado en rediseñar la estructura institucional del sistema electoral que en enfrentar el problema del dinero sucio en la política. Y eso también dice mucho sobre las prioridades reales de la reforma.
Porque una reforma verdaderamente democrática debería concentrarse en fortalecer los mecanismos de fiscalización, endurecer las sanciones contra el financiamiento ilícito y garantizar la autonomía de las autoridades electorales. Lo que hoy se plantea desde el poder, en cambio, camina en dirección contraria.
México tardó décadas en construir un sistema electoral relativamente confiable. Fue el resultado de crisis políticas, conflictos postelectorales y reformas sucesivas que buscaban garantizar algo fundamental: que los ciudadanos pudieran elegir libremente a sus gobernantes.
Desmantelar o debilitar ese entramado institucional por conveniencia política es una irresponsabilidad histórica que pude representar el principio del fin de Morena, pues a ello se suman muchos otros fracasos de la 4T.
El verdadero peligro no es solo la reforma en sí misma, sino la lógica que la inspira. Cuando un gobierno con amplia mayoría legislativa decide cambiar las reglas del juego electoral, el riesgo siempre es el mismo: convertir la democracia en un mecanismo formal donde la competencia existe en el papel, pero el poder se vuelve cada vez más difícil de disputar, por eso, sería una tragedia política que, después de tanto esfuerzo por construir un sistema más plural, el país volviera al partido único.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.