VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Montelón Nava
Las democracias no colapsan únicamente mediante golpes de Estado o rupturas abruptas del orden constitucional, como lo ha hecho Morena en los siete años que lleva gobernando. En el caso de México se ha erosionado de manera gradual, a través de procesos de concentración del poder, captura institucional, manipulación discursiva y debilitamiento sistemático de la sociedad civil. Esto lo podemos apreciar especialmente en nuestro estado, pues la sociedad colimense atraviesa hoy una fase avanzada de pasividad y conformismo preocupantes.
Y es que los de la 4T han aplicado con éxito su perversa estrategia para establecer un régimen político dominante mediante el control efectivo, no solo desde el aparato gubernamental, sino desde la narrativa, la dependencia social y la desarticulación de los contrapesos ciudadanos, a pesar de que cada día se ven exhibidos como mentirosos, corruptos, incapaces y que amplios sectores de la sociedad comienzan a despertar y a tomar conciencia de la realidad.
En este contexto, fortalecer las organizaciones de la sociedad civil no es una opción secundaria ni una causa romántica: es una necesidad histórica para preservar las libertades, la vigencia del orden constitucional y la posibilidad misma de una democracia funcional frente a los procesos electorales venideros.
El actual régimen ha desplegado una estrategia de control que combina tres elementos fundamentales: la colonización del discurso público, la subordinación de las instituciones y la fragmentación de la sociedad. Mediante la polarización sistemática, se sustituye el debate racional por una lógica binaria de lealtades; mediante el uso clientelar de los recursos públicos, se genera dependencia política; y mediante la estigmatización de las organizaciones ciudadanas, se debilita toda forma de intermediación social autónoma.; a ello agregar la participación de mafias criminales que ya actúan en la política. El resultado es una ciudadanía cada vez más vulnerable a la manipulación y menos capaz de ejercer un control efectivo sobre el poder. De eso están conscientes políticos de oposición como el diputado Alberto Partida Valencia, quien al compartir con analistas y miembros del Club Primera Plana parte de su trabajo legislativo, destacó que en el congreso local es notorio la incapacidad de varios diputados de Morena que solo exponen lo que se les dicta desde Casa de Gobierno o desde su partido.
La incapacidad de legisladores, no solo es resultado de una regresión cívica, sino de la falta de cultura político-democrática, al ser desplazada por una cultura de subordinación, conformismo y miedo. La legalidad deja de ser un principio rector y se convierte en un instrumento discrecional del poder. Por eso hoy vemos que la participación ciudadana se reduce a la adhesión acrítica o a la abstención resignada.
Colima representa un caso particularmente delicado dentro de este escenario nacional. La crisis de seguridad, la infiltración de intereses criminales, la debilidad financiera de las instituciones locales y la normalización de la violencia han generado un entorno propicio para el control político. Cuando el Estado pierde capacidad para garantizar seguridad y justicia, el espacio público se vacía y la ciudadanía se repliega frente a mecanismos de control informal, clientelar, sutil o coercitivo que ejerce el gobierno.
Ante la elección de gobernador en 2027, Colima se encuentra ante una disyuntiva histórica: profundizar la descomposición institucional o iniciar un proceso de reconstrucción cívica desde la sociedad. Ninguna alternancia electoral será suficiente o posible si no va acompañada de una ciudadanía organizada, crítica y consciente de su papel político. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil deben asumir una función estratégica: no solo como observadoras del proceso electoral, sino como formadoras de conciencia cívica y defensoras activas del orden constitucional.
La reconstrucción del tejido social implica recuperar espacios comunitarios, asociaciones profesionales, organizaciones académicas, gremiales, religiosas y productivas que operen con autonomía frente al poder político, pero que además trabajen en la formación cívico-política, capaces de generar pensamiento crítico y de exigir respeto a la legalidad y la dignidad humana.
La defensa de la democracia, por ejemplo, no puede limitarse al respeto formal de las elecciones, menos cuando hoy se encuentran amenazadas por prácticas autoritarias encubiertas. Defender el orden constitucional implica exigir la independencia de las instituciones electorales, la libertad de expresión, el derecho de asociación y la transparencia en el ejercicio del poder, pero hasta ahora ni partidos ni organizaciones civiles atienden estos aspectos.
De cara a 2027, la tarea es clara: reconstruir la ciudadanía antes que pensar en disputar el poder, pues sin sociedad civil no hay democracia; sin cultura cívica no hay libertad; y sin organización social no hay futuro posible para Colima. La historia demuestra que los regímenes que concentran poder temen más a una ciudadanía organizada que a cualquier oposición partidista. Por ello, hoy más que nunca, fortalecer la sociedad civil no es solo una estrategia política: es un deber moral y constitucional para evitar el establecimiento de una dictadura y la permanencia de un gobierno destructor.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.