VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Montelón Nava
En el inicio de este nuevo año, los buenos deseos que como familia, como ciudadanos o como comunidad podemos expresar, cada vez es más difícil que los podamos concretar, ya que no solo se ha deteriorado el tejido social debido a múltiples factores, sino que las estructuras políticas, de gobierno, las bases culturales y las económicas están igualmente más frágiles como resultado de malas políticas públicas y de una dejadez ciudadana.
Un claro ejemplo de todo eso lo tenemos en Colima, donde estamos inmersos hoy en una paradoja brutal: Somos uno de los estados más pequeños del país, con uno de los puertos más importantes de América Latina, y al mismo tiempo uno de los territorios más violentos de México. No se trata de una anomalía estadística ni de una casualidad geográfica. La violencia en Colima es el resultado directo de la convergencia entre dominio territorial del crimen organizado, omisiones del poder político y una estrategia nacional que privilegió la contención sobre la recuperación del Estado. Peor aún, el dominio de la delincuencia es el resultado de la complicidad y la protección política que Morena o la 4T otorga a sus socios.
Por eso, hablar de Colima es hablar del Puerto de Manzanillo, la principal puerta de entrada de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas. Quien controla Manzanillo no solo controla rutas, controla flujos económicos globales. Por eso Colima no es un estado periférico en la lógica estratégica del crimen: es un territorio en disputa permanente.
En Colima, el enfrentamiento entre organizaciones criminales no se libra únicamente por la venta de drogas, sino por el control total del territorio: carreteras, colonias, puertos, policías, comercio local y hasta la vida cotidiana de la población con crecientes hechos que buscan imponer el miedo, sobre todo vía la extorsión y la quema de negocios. Pareciera que la violencia extrema ya no es un exceso, es un mensaje: Aquí manda quien puede imponer miedo.
La fragmentación del poder estatal es evidente. Policías municipales rebasadas o infiltradas, fuerzas estatales insuficientes y una Guardia Nacional que, en muchos casos, funciona más como presencia simbólica que como autoridad efectiva. El resultado es un esquema con zonas donde el Estado es casi figura decorativa pero que no gobierna y solo pretende aparentar que lo hace.
No es necesario probar pactos explícitos para hablar de protección política. Basta observar las omisiones sistemáticas como la falta de investigaciones profundas sobre redes de corrupción, los cambios frecuentes en mandos de seguridad sin resultados reales y los discursos oficiales que minimizan la violencia o la atribuyen exclusivamente a disputas entre criminales.
Este silencio institucional produce una forma de gobernabilidad perversa: la llamada paz criminal, donde la autoridad acepta límites impuestos por grupos armados a cambio de una estabilidad frágil y temporal. En Colima, esa paz nunca ha llegado; solo se normalizó la violencia.
Colima como síntoma del fracaso nacional
Lo que ocurre en Colima no es un problema local aislado. Es el espejo de una política nacional que evita la confrontación directa con el crimen organizado como resultado de compromisos y complicidades, bajo la premisa de reducir la violencia, pero que en los hechos permite su expansión territorial y económica. Tenemos entonces que el Estado renunció a ejercer plenamente su soberanía en regiones estratégicas, decidió negociar el poder y cuando el poder se negocia, la ley pierde valor.
En este contexto, las amenazas de Donald Trump de intervenir militarmente en México para combatir a los cárteles encuentran terreno fértil en estados como Colima. No porque la intervención sea viable o deseable y mucho menos legal, sino porque con Morena hoy somos un estado con debilidad institucional y es lo que alimenta la narrativa perversa de Trump.
Debemos entender que cada región donde el Estado no manda, se convierte en un argumento para quienes sostienen que México no puede o no quiere controlar su propio territorio. No nos extrañe entonces que Colima, por su valor estratégico, pudiera ser uno de los primeros en ser intervenido.
La presidente Claudia Sheinbaum enfrenta un dilema complejo: responder con firmeza contra la delincuencia y los políticos corruptos que la rodean y sostienen o mantener el silencio, la ambigüedad que la convierten en cómplice. Así no podrá desactivar la presión internacional ni reducir el poder criminal.
Desde luego, Colima no es una excepción: es una advertencia, un recordatorio de que no hay soberanía parcial, y de que ceder territorio —aunque sea por omisión— tiene consecuencias profundas y duraderas.
Mientras el Estado mexicano no decida recuperar plenamente regiones estratégicas como Colima, con costos políticos asumidos y una estrategia integral real, el país seguirá atrapado entre dos fuegos: la violencia interna y la presión externa.
Y en medio de ambos, la sociedad colimense seguirá pagando el precio de una guerra que no decidió, pero que vive todos los días.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.