*Organizaciones ambientalistas denuncian que dragar la Laguna de Cuyutlán podría ocasionar daños irreparables y desequilibrios ecológicos.
Alfredo Quiles Cabrera| CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- La Secretaría de Marina impulsa la expansión del Puerto de Manzanillo en el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, pese a ser un ecosistema clave del Pacífico mexicano. Activistas advierten riesgos ambientales, sociales y culturales.
Diversas organizaciones ecologistas, denunciaron que pese a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha emitido la autorización en materia ambiental Han iniciado los trabajos de dragado de la Laguna de Cuyutlán dentro del proyecto del puerto Nuevo Manzanillo.
La asociación Defensores del Medio Ambiente y Recursos del Mañana (Demarem), junto con integrantes del movimiento Salvemos Cuyutlán, Laguna Viva, emitieron un pronunciamiento, en el que señalan que se ha documentado la presencia de dragas marinas en la Laguna de Cuyutlán, lo que “violenta el principio precautorio” y, en este contexto, la obra “podría estar causando daños irreparables”.
Recordaron que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece que ninguna obra con potencial de causar desequilibrios ecológicos puede iniciarse sin la autorización previa de la Semarnat, lo que en este caso no se ha cumplido.
Advirtieron que el Puerto Nuevo Manzanillo generaría efectos irreversibles en la región, entre los que mencionaron la agudización de la escasez de agua potable ya presente en la zona, el despojo del modo de vida de pescadores y salineros, atentando contra sus derechos humanos, la pérdida irreparable de biodiversidad y de las barreras naturales que regulan fenómenos climáticos, así como la alteración de corrientes marinas, que podría ocasionar la elevación del nivel del mar, la reducción de playas, erosión costera y afectaciones al turismo.
Las principales consecuencias de este proyecto serían: destrucción de las salineras más importantes de México, con más de 300 años de tradición, poniendo en riesgo el sustento de más de 1,500 familias.
Agudización de la escasez de agua potable, ya presente en la región; despojo de pescadores y salineros de su modo de vida, atentando contra sus derechos humanos; pérdida irreparable de biodiversidad y barreras naturales que protegen el territorio frente a fenómenos climáticos.
Alteración de las corrientes marinas, lo que provocará erosión costera, pérdida de playas y afectaciones al turismo y la vivienda; violación de múltiples derechos humanos, como el derecho a un medio ambiente sano, acceso al agua potable, a un trabajo digno y a la seguridad.
Riesgo de incremento de violencia en la zona, derivado del control del puerto; además, hostigamiento y amenazas contra comunidades y colectivos; y descubrimiento ignorado de vestigios prehispánicos en la isla de los Cocodrilos, que quedarán en riesgo de pérdida total.
En un comunicado, Demarem y ciudadanos organizados denuncian que el proceso busca avalar la expansión del puerto “a costa de la Laguna de Cuyutlán”, y reiteran que “es mentira que el gobierno cuenta con la participación y el consentimiento de las comunidades: se trata de un proceso de pura simulación”.