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Chiapas. – El Congreso del Estado de Chiapas aprobó por unanimidad la adición del artículo 424 Bis al Código Penal, con lo que se establecieron sanciones de dos a seis años de prisión y multas económicas a los servidores públicos que difundan, sin autorización, imágenes, audios o videos de víctimas.
La reforma incluye agravantes en casos de violencia de género y feminicidios, como ocurrió con la difusión de fotografías del asesinato de Ingrid Escamilla en la Ciudad de México en 2020.
La diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, promotora de la iniciativa, llamada “Ley Ingrid”, aseguró que el objetivo de la reforma es frenar la revictimización y proteger la dignidad de quienes sufren delitos.
El derecho a la información nunca debe estar por encima del derecho a la dignidad humana.
Aguiar Álvarez subrayó que no se trata de una limitación a la libertad de expresión, sino de un mecanismo legal dirigido a funcionarios que, en el marco de sus funciones, difundan material sensible de las víctimas.
Explicó que la difusión de este tipo de contenidos “contribuye a la discriminación y a la estigmatización, particularmente hacia mujeres, niñas y adolescentes”.
Por su parte, la Agenda Feminista Chiapas señaló que la aprobación “marca un precedente en la lucha por la justicia y los derechos de las mujeres en Chiapas”.