*Presenta la presidenta Claudia Sheinbaum propuesta de reformas para homologar a nivel nacional las leyes y sanciones en esta materia.
Alfredo Quiles Cabrera| CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- En Colima se ha incrementado el delito de extorsión, y los datos oficiales señalan que este delito ha incrementado significativamente en comparación con años anteriores, incluso ha llegado a ocupar los primeros lugares a nivel nacional en este delito, especialmente en términos de víctimas por cada 100 mil habitantes.
Tan solo entre enero y noviembre de 2024 se abrieron 134 carpetas de investigación, aunque la lista negra podría ser mucho mayor debido a que en la mayoría de los casos no se denuncia.
Se ha observado un aumento considerable en el número de carpetas de investigación por extorsión en Colima, superando las cifras de años previos.
Colima ha sido mencionada como uno de los estados con mayor incidencia de extorsión a nivel nacional, llegando a ocupar el noveno lugar por cada 100 mil habitantes.
La extorsión en Colima está vinculada al cobro de piso, afectando a empresas y negocios locales.
Se han registrado tasas de víctimas de extorsión por cada 100,000 habitantes que son significativamente más altas que la media nacional.
Además del incremento en el número de casos, también ha aumentado la percepción de inseguridad entre la población de Colima y Manzanillo, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEG
Por municipio, Tecomán es el que registra más carpetas de investigación por el delito de extorsión con un acumulado de 39 entre enero y noviembre de 2024, le sigue Colima con 38, Manzanillo 24 y Villa de Álvarez 14 carpetas de investigación.
“De los casos de extorsión telefónica en su mayoría se han presentado las denuncias correspondientes o por lo menos la denuncia en el 089 o 911”.
INICIATIVA
Por otro lado, es de mencionar que la Comisión Permanente del Congreso recibió la iniciativa de reforma constitucional para combatir el delito de extorsión y sus distintas modalidades en el territorio nacional donde se precisa que este delito se debe considerar como de alto impacto por las repercusiones a las víctimas y por enbde se busca homologar esta legislación en los estados.
Las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, “extorsión”, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) la incidencia de este delito pasó de un promedio de 18.89 extorsiones diarias en el año 2018 a 29.77 incidencias diarias promedio en 2025, lo que representa un incremento de 57.62% en sólo seis años.
Las entidades que concentran la mayor incidencia de este ilícito en sus distintas modalidades son el Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León con un 61.8% de las víctimas registradas en el año 2024. Mientras que, en enero de 2025, la entidad mexiquense concentró el 33.1% de las víctimas.
“La extorsión no es una conducta menor”, señala el documento.
“Se ha convertido en una herramienta de control económico y social por parte de la delincuencia organizada, que no sólo amenaza a particulares, sino también a instituciones públicas, utilizando este delito como vía para financiar otras actividades delictivas”.
La iniciativa que será remitida a la Cámara de Diputados para su dictaminación, propone reformar el artículo 73 constitucional, para otorgar facultades al Congreso de la Unión y establecer un plazo de 180 días para que se expida una ley general en materia de extorsión.
Solo en enero de este año, se reportó un promedio diario de 29.77 casos, cifra que representa un aumento del 57.62% respecto a 2018.
Uno de los principales problemas identificados por la iniciativa presidencial es la disparidad normativa entre el ámbito federal y las entidades federativas.
Actualmente, el delito de extorsión está regulado tanto en el Código Penal Federal como en los códigos penales locales, con distintas definiciones, modalidades, agravantes y penalidades.
Entre los elementos que incluiría dicha legislación se encuentran: la definición clara y amplia del delito de extorsión y sus distintas modalidades; la coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales y municipales; el uso de inteligencia, tecnología e informática en la investigación.
Asimismo, programas de formación especializada para cuerpos de seguridad y procuración de justicia; canales seguros y eficaces de denuncia; medidas de protección integral para víctimas, ofendidos y testigos; estrategias de prevención desde los centros penitenciarios, para evitar que estos delitos se orquesten desde el interior de los mismos.
El Ejecutivo Federal subraya que la extorsión es uno de los delitos que más lastima a la ciudadanía y que, a pesar de su gravedad, no ha sido enfrentado con los instrumentos jurídicos adecuados.
La falta de una legislación general, agrega, ha derivado en respuestas parciales, ineficaces y desarticuladas, lo cual ha permitido que la delincuencia organizada siga explotando esta modalidad criminal con impunidad.