Por: Ángel Durán
I PARTE
En los últimos meses han circulado en medios de comunicación, artículos, columnas, publicaciones en redes sociales y hasta mensajes en chats de abogados y personas afectadas, que evidencian lo que ya muchos sabíamos, pero pocos se atreven a decir en voz alta: el sistema judicial en Colima está fallando gravemente a la niñez.
Y no se trata de un caso aislado. Se trata de una violación sistemática y silenciosa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes cuando se ven involucrados en juicios familiares. Es una tragedia en desarrollo.
Cuando hay procesos de divorcio, disputas por custodia, demandas por pensión o separación de padres, los menores quedan en medio de una tormenta que no provocaron, pero que los arrastra emocionalmente, muchas veces de forma irreversible.
Y aunque el sufrimiento de los niños es evidente —porque lloran, piden ayuda, claman por estabilidad— el sistema judicial parece no verlo o simplemente ha perdido la sensibilidad necesaria para protegerlos.
Las medidas cautelares se omiten o, cuando se emiten, nadie las cumple. Las policías no actúan. Las autoridades encargadas de hacerlas valer tampoco lo hacen.
Y esto incluye también a quienes trabajan en instituciones como el Centro de Justicia para la Mujer, que en vez de proteger, permiten e incluso promueven convivencias forzadas que solo agravan el daño.
No es solo un juez o una sala. Es todo el sistema judicial.
Desde la primera instancia hasta los tribunales superiores.
No hay observación profunda ni valoración del impacto emocional que están viviendo estos niños.
El problema radica en que el Poder Judicial ha caído en una interpretación excesivamente legalista, resolviendo los juicios como si fueran simples conflictos entre adultos, y olvidando por completo que quienes más necesitan protección no están siendo representados ni escuchados: los menores.
Aplican la ley entre adultos, pero ignoran los derechos humanos de la infancia. Y esto, sin duda, es lo más grave.
Pareciera que no les importa, o al menos eso refleja la falta de acción.
Los niños no tienen voz, y quizá por eso no son defendidos como debería ser.
Ni el Ministerio Público, ni las defensorías públicas, ni los abogados de ambas partes —públicos o privados— han asumido con responsabilidad su papel de garantizar un juicio con perspectiva de niñez.
Hay una insensibilidad institucional generalizada.
Y en Colima, la niñez está en riesgo. Nadie está viendo esta violación sistemática a sus derechos.
No es mi estilo hacer este tipo de columnas, pero en este caso especial vale la pena escribir con este nivel de reclamo.
Con el único propósito de llamar la atención sobre el daño profundo que el sistema judicial está causando a la niñez colimense.
Esto no es culpa de un solo juzgador, sino de un sistema completo que, si de verdad quisiera, podría resolverlo.
Bastaría con que se detuvieran a mirar la magnitud del problema.
Por eso hoy hago un llamado urgente a los otros dos poderes del Estado: al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo.
Ellos sí pueden actuar, con sensibilidad y con visión humanista.
Es necesario que se nombre una comisión especial que estudie a profundidad esta problemática.
Que revise todos los expedientes donde haya menores involucrados, que analice los casos que llegan al DIF, a las fiscalías, al Centro de Justicia para la Mujer, a los juzgados.
Que se evalúe el nivel de afectación psicológica, emocional y social que está viviendo la niñez en Colima como resultado de un sistema judicial que ha entrado en un letargo sordo.
Este problema es silencioso, pero está creciendo. Y sus consecuencias son irreversibles.
No solo para los niños, sino también para sus familias, para el tejido social, para el presente y el futuro de Colima.
La niñez y la familia son derechos consagrados en la Constitución.
Por eso se necesita una comisión especializada, una intervención decidida y que las instituciones encargadas de proteger a la infancia en Colima hagan su trabajo.
Que la sociedad civil organizada lo denuncie.
Que los medios de comunicación le den seguimiento.
Porque si nadie defiende a los niños, si nadie levanta la voz por ellos, entonces estamos fallando como sociedad.
No se trata de política. Se trata de justicia. Se trata de humanidad. Y de que ya no podemos permitir que esta tragedia siga pasando frente a nuestros ojos.
Los afectados o involucrados en juicios donde está involucrada a la niñez, saben que la realidad supera lo que digo en esta columna.
Continuará una segunda parte… con el fin de hacer una propuesta, “el cómo, el poder judicial, debe proteger eficazmente los derechos de la niñez en Colima.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.