Luis Rosales Chávez| CN COLIMANOTICIAS
Tecomán, Col.- Habitantes de la comunidad de La Salada manifestaron su preocupación ante la posible reubicación forzada de siete familias, debido a los trabajos de ampliación de la autopista que se realiza en las cercanías. Nayeli Mendoza Franco, comisaria suplente de la comunidad, denunció que la empresa responsable del proyecto pretende desalojar a estas familias sin su consentimiento ni consulta previa.
“Desde antes se sabía que iban a hacer la ampliación de la carretera, pero nunca vinieron a hablar con la comunidad. Sólo llegaron a medir y cuando preguntamos si iban a mover casas, nos dijeron que no, que no iban a quitar ninguna. Ahora resulta que van a afectar siete casas”, expresó Mendoza Franco.
Según la comisaria suplente, las personas que habitan esas viviendas no están de acuerdo con ser reubicadas, ya que del lado opuesto de la carretera hay espacio suficiente para continuar la obra sin afectar viviendas. “Nosotros no estamos vendiendo nuestras casas, nos quieren mover sin haber llegado a un acuerdo y sin haber escuchado a la comunidad. La gente está preocupada porque no quiere que le midan los terrenos. Si nos van a mover, tienen que darnos lo que estamos pidiendo, no es justo que decidan por nosotros”, agregó.
La funcionaria también señaló que aún no se tiene claridad sobre qué empresa está a cargo del proyecto ni quiénes son los responsables directos que han acudido a la comunidad. “Sólo ha venido un ingeniero a hablar, pero no sabemos con certeza de qué empresa viene”, dijo.
Ante esta situación, el regidor Jorge González, del municipio de Tecomán, ha comenzado a brindar apoyo legal a los afectados. “Hoy nos mandó un licenciado para asesorarnos porque no teníamos a nadie que nos orientara. Es importante que la gente sepa que puede defender su derecho a la propiedad”, explicó Mendoza.
Finalmente, informó que este jueves representantes del proyecto volverán a la comunidad para continuar con las mediciones, pero las familias afectadas ya han expresado que no permitirán el ingreso mientras no se respeten sus derechos ni se llegue a un acuerdo justo.
“Las casas tienen escrituras, tienen títulos de propiedad. No pueden venir a quitarlas así, diciendo que el proyecto ya está hecho y no se puede cambiar. Nunca vinieron a consultarnos antes. Llegaron con todo listo, y ahora quieren que aceptemos sin más”, concluyó la comisaria suplente.

