Por: Ángel Durán
Recientemente el Ayuntamiento de Colima ha emprendido una campaña para enseñar cómo se debe podar un árbol.

Aplaudimos la intención, pero no basta con dar likes a la ecología.
En estos días previos a la temporada de lluvias —cuando el riesgo de caída de ramas enfermas o árboles secos aumenta—, el municipio parece recordar que entre sus funciones primordiales está el manejo adecuado del arbolado urbano.
Sin embargo, podar no significa mutilar, y ahí es donde debe hacerse una pausa reflexiva y técnica. No se trata de estética, sino de salud urbana.
Es urgente distinguir entre una poda responsable y una práctica lesiva.
La poda no debe confundirse con cortar por cortar. Se requiere personal capacitado, un diagnóstico previo y criterios técnicos que respeten la fisiología del árbol y la función ecológica que desempeña.
Según el manual de la FAO y expertos en arboricultura urbana, existen podas de formación, saneamiento, mantenimiento y seguridad.
Cada una responde a un objetivo específico, y ninguna justifica dejar al árbol desmochado como poste sin cabeza.
La poda mal hecha no solo afecta al árbol: compromete la biodiversidad, aumenta las islas de calor y, paradójicamente, puede generar mayor riesgo durante tormentas al desequilibrar la estructura del árbol. Y aquí entra la responsabilidad jurídica: si un árbol mal podado o negligentemente ignorado cae y causa daño a personas o bienes, el Ayuntamiento será responsable por omisión, y conforme al artículo 115 constitucional, debe responder por los perjuicios.
Pero este texto no es solo para criticar, sino para proponer.
El municipio debe realizar una inspección técnica urgente del arbolado en avenidas, parques, banquetas y márgenes de arroyos.
De ahí, un registro de riesgos y luego sí, actuar con precisión quirúrgica.
No bastan las buenas intenciones, se necesita un protocolo.
Además, urge establecer mecanismos de comunicación accesibles: líneas telefónicas, apps, correos o redes sociales donde la ciudadanía pueda reportar árboles con riesgo inminente.
El derecho a un entorno seguro no es solo estatal, es también un derecho municipal y ciudadano.
Por su parte, los habitantes de Colima también tienen una responsabilidad compartida: cuidar, reportar, no dañar y participar.
La ciudad no se sostiene sola. Como bien lo señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la protección de los recursos naturales es corresponsabilidad de autoridades y ciudadanos.
El Ayuntamiento debe actuar con rigor, técnica y responsabilidad. Y nosotros como sociedad, estar atentos y exigir que la poda se haga bien, con criterios responsable, no con caprichos estéticos.
Porque cuidar un árbol no es solo cuidar una rama; es cuidar una ciudad viva, que respira, que da sombra, que nos protege.
Angel Duran Perez
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