Por: Ángel Durán
El 19 de mayo de 1848, el Senado de la República Mexicana aprobó uno de los actos más dolorosos y trascendentales en la historia nacional: la ratificación del Tratado de Guadalupe Hidalgo, mediante el cual México entregó más de la mitad de su territorio a Estados Unidos.
Esta decisión no fue producto de un verdadero tratado de paz entre iguales, sino de una imposición derivada de la invasión militar y del uso de la fuerza, justificada por una doctrina imperialista que marcó profundamente el destino del continente americano: el Destino Manifiesto.
Esta doctrina, nacida en el siglo XIX en el contexto de la política expansionista estadounidense, sostenía que los Estados Unidos estaban destinados por la providencia a expandirse desde el Atlántico hasta el Pacífico.
Bajo esta idea se ocultó una ambición voraz de territorio que fue ejecutada mediante compras, anexiones, y guerras de conquista.
Entre ellas destaca la Compra de Luisiana (1803), que duplicó el territorio estadounidense tras un acuerdo con Francia, y la Compra de la Florida o también llamado tratado Adams-Onís de 1819-1821, pactada con el Reino de España.
Sin embargo, estos actos pronto dieron paso a estrategias más agresivas.
Uno de los episodios más elocuentes fue la secesión de Texas, territorio mexicano que comenzó a poblarse por colonos estadounidenses bajo ciertas condiciones migratorias.
En 1836, estos colonos, con apoyo militar y político del sur esclavista de Estados Unidos, declararon unilateralmente la independencia de Texas.
Durante la Batalla de San Jacinto, el general mexicano Antonio López de Santa Anna fue capturado y obligado a firmar el Tratado de Velasco, documento sin valor jurídico por haberse obtenido bajo coacción y nunca ratificado por el gobierno mexicano.
Pese a ello, en 1845 Estados Unidos anexó oficialmente Texas, provocando la ruptura de relaciones diplomáticas con México y finalmente, una guerra.
En 1846, las tropas estadounidenses cruzaron el Río Bravo y ocuparon el norte de México.
La guerra se intensificó hasta que las fuerzas invasoras llegaron a la Ciudad de México, donde izaron su bandera.
Derrotado militarmente, sin capacidad de resistencia y con el país devastado, México fue obligado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848.
La aprobación de ese tratado el 19 de mayo de 1848 por el Senado mexicano selló la entrega forzada de más de 2 millones de kilómetros cuadrados: los actuales estados de California, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma.
A cambio, Estados Unidos pagó 15 millones de dólares, una suma simbólica que buscaba legitimar lo que fue, en realidad, un despojo territorial.
Este acto significó una modificación radical del mapa de América del Norte, pero más allá de lo geográfico, tuvo consecuencias humanas, políticas y jurídicas de enorme profundidad.
Miles de mexicanos quedaron del otro lado de una frontera impuesta, convertidos en minoría en un país ajeno.
El impacto fue también jurídico: se legalizó un acto arbitrario mediante un tratado internacional, un precedente peligroso en las relaciones entre naciones.
A casi dos siglos de este hecho, la herida sigue abierta.
El sistema internacional, incluso con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, no ha sido capaz de abrir un espacio real para el análisis de estos abusos históricos.
La doctrina del Destino Manifiesto marcó el inicio de una política exterior estadounidense intervencionista, cuyas consecuencias aún resuenan.
El derecho a la verdad histórica debe considerarse hoy como un derecho humano colectivo de las naciones.
Porque mientras los hechos como el del 19 de mayo de 1848 no sean plenamente reconocidos y analizados a la luz del derecho internacional moderno, ningún sistema de justicia global estará completo.
Pero la memoria, la verdad y la dignidad de los pueblos no prescriben.
El Senado mexicano pudo haber estado obligado por las circunstancias, pero la historia no puede absolver el olvido.
El 19 de mayo de 1848 no debe celebrarse, pero sí debe recordarse como advertencia, como símbolo, y como llamado a repensar el derecho internacional del siglo XXI.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.