VENTANA POLÍTICA
Incapacidad y complicidad del estado
Por: Guillermo Montelón Nava
El problema de las desapariciones forzadas, a raíz del caso descubierto por el Colectivo Guerreros buscadores de Jalisco, no solo ha sacudido la conciencia de la sociedad mexicana, sino que, por fin, el gobierno ha aceptado atender el grave fenómenos que hoy tiene a millones de mexicanos conmocionados y cada vez más indignados, cosa que tiene muy preocupado al gobierno de la presidente Claudia. Pero lo lamentable, es que ahora estén más preocupados por cuidar su imagen de gobierno que por resolver el problema de fondo.
Las desapariciones forzadas en México, habían activado, desde hace mucho tiempo, las alertas de organismos internacionales como el Comité de desapariciones de la ONU, el cual había señalado la urgencia de que el estado mexicano atendiera el tema mediante la implementación de un plan nacional de prevención, que necesariamente también requiere de un ataque frontal y a fondo para terminar con la impunidad y ahí es donde está la clave para la solución de este grave fenómeno, pero no lo hizo.
Por ello, los propios organismos internacionales, como los colectivos de madres buscadoras y otras asociaciones de la sociedad civil organizada, critican y señalan como muy deficientes los pronunciamientos de la presidente Claudia Cheimbaun, sobre todo porque si bien algunas cosas son positivas y necesarias, resulta que ya desde el 2020 o desde antes se habían establecido en las leyes, pero ninguna se ha implementado. Por el contrario, en el gobierno de AMLO, una de las cosas que se hizo fue quitarle presupuesto a la Comisión Nacional de Búsqueda y, ni siquiera recibir o escuchar a los grupos de madres buscadoras, cosa que este gobierno de Claudia tampoco ha hecho.
Se trata claramente de una palpable muestra de la incapacidad del estado mexicano para atender y resolver el problema de las desapariciones forzadas. No solo las que realiza el estado, especialmente a través de policías cómplices de la delincuencia o por intervención de políticos que recurren a la violencia para deshacerse de rivales, sino por esa omisión en que incurre al gobierno al dejar que las organizaciones criminales operen con total impunidad, ya sea por incapacidad para enfrentarlos o, peor aún, por compromisos y acuerdos con los propios delincuentes para recibir dinero y apoyo para fines electorales, a cambio de impunidad.
El caso Teuchitlán en Jalisco ya hizo detonar la reacción de la sociedad para exigir que el gobierno actúe con responsabilidad, con sensibilidad y empatía con las miles de familia que viven la angustia, la desesperación y en el infierno de la incertidumbre por no saber nada de sus desaparecidos. Y cuando los grupos o colectivos de buscadores denuncian la existencia de lugares como ese del rancho Izaguirre, lo primero que observamos es que la fiscalía del estado de Jalisco, sea por incapacidad, negligencia o por complicidad, no siguió los protocolos para la investigación y conclusión del caso, por lo que se dio pie la politización del asunto, pues ahora Morena tiene los elementos para señalar las deficiencias del gobierno que encabeza Movimiento Ciudadano, y al atraer el caso, la Fiscalía General de la República no toma en cuenta a los colectivos; lejos de atender la urgencia de las familias por saber si algunas de las prendas y objetos encontrados pudieran ser identificados son de alguno de sus desaparecidos, lo que hacen es limpiar el lugar y ofrecer recorridos como si se tratara de un tur turístico en un museo de la muerte, todo porque no quieren aceptar que ahí fue un lugar de exterminio.
Lo positivo del gobierno de Claudia, es que acepte atender el tema como una prioridad nacional, lo negativo es que las propuestas no son suficientes, que trate de minimizar el fenómeno que está generalizado en todo el país y que ya sea una problemática sistematizada por la organizaciones criminales luego de que el propio estado ha permitido que dominen amplias áreas del territorio nacional, pero, sobre todo, porque no incluyen una verdadera política pública para la prevención y, peor aún, que no se atienda el tema de la impunidad, que, insisto, es clave para la solución de esta crisis.
Ojalá que la sociedad mexicana siga tomando conciencia de esta cruda realidad que es consecuencia de un mal gobierno, de un régimen con una visión equivocada y de complicidades ampliamente denunciadas y demostradas, a fin de que sea la propia sociedad la que exija un cambio de rumbo. Pero lo que también es urgente es que el gobierno de Claudia ya deje de proteger a su antecesor, que reconozca sus errores y, a partir de ello implemente las acciones necesarias para atacar el problema de raíz, lo que deberá incluir la implementación de un verdadero Plan nacional para la prevención de las desapariciones, canalizando los recursos financieros, humanos, materiales, tecnológicos y jurídicos a la Comisión Nacional, a las comisiones estatales, implementando incluso comités municipales de búsqueda y prevención, además de apoyar directamente a los colectivos, entre otras cosas. Veremos si hay voluntad política, aunque para empezar, la verdad es que el gobierno no tiene recursos financieros debido al desfalco que generó el gobierno de López.
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