Bitácora Reporteril
Por: César Barrera Vázquez
Al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, le indigna la brutalidad del rancho Estanzuela, Jalisco, donde se hallaron hornos crematorios clandestinos con restos humanos y más de 400 pares de calzado. Con gesto de sorpresa, cuestiona cómo es posible que la fiscalía de Jalisco no supiera nada. Se indigna como si fuera un ciudadano más, ajeno a la realidad, cuando en realidad es uno de los responsables de la procuración de justicia en México.
Esa es la hipocresía del poder: asumir la postura de indignado mientras se elude la propia responsabilidad. Gertz Manero no es un espectador; es un actor clave dentro del sistema de procuración de justicia. Si la existencia de estos crematorios pasó desapercibida para las autoridades locales, la Fiscalía General de la República tampoco puede fingir sorpresa. ¿No hay coordinación entre niveles de gobierno? ¿No es su trabajo supervisar las investigaciones y garantizar que se haga justicia?
La incompetencia de las fiscalías estatales es un problema estructural, pero cuando se trata de crimen organizado y delitos de alto impacto, la FGR no puede lavarse las manos. El crimen organizado no distingue entre fuero común y federal, opera con absoluta impunidad en ambos niveles. Entonces, la indignación de Gertz Manero no sólo es cínica; es ofensiva. ¿Con qué cara se dice sorprendido, cuando es su propia ineficacia la que ha permitido que este país se convierta en un campo de exterminio?
Este caso recuerda a Ayotzinapa. En 2014, el país se estremeció al descubrir la complicidad del alcalde de Iguala y la policía municipal en la desaparición de los 43 normalistas. Hoy, en Jalisco, la incapacidad de las autoridades para hallar estos crematorios, que ya habían sido investigados en septiembre de 2024 sin resultados, genera la misma sospecha de colusión entre el Estado y el crimen.
El rancho Estanzuela no está en la sierra ni en una zona inaccesible. Está a 53 kilómetros de Guadalajara, una de las ciudades más grandes del país. Y aún así, las autoridades fueron incapaces de detectarlo. Tuvieron que ser las madres buscadoras, los colectivos de ciudadanos organizados, quienes encontraron este campo de exterminio. Como siempre, el gobierno llega tarde y mal.
Así que no, no es el fiscal Gertz Manero quien debería estar indignado. Las indignadas son las víctimas y sus familias, que han tenido que hacer el trabajo que le corresponde al Estado. Indignados, dolosamente indignados, deberíamos estar todas y todos los ciudadanos de este país de cruces, porque mientras el gobierno sigue lucrando con la polarización política, las desapariciones aumentan, los cuerpos se acumulan y los criminales siguen operando con total impunidad.
La indignación del fiscal no es más que una pose. Un intento de desviar la atención de su propio fracaso, que es el mismo del estado mexicano, en el que se incluyen los tres niveles de gobierno. Pero después de seis años de administrar el infierno, lo que realmente indigna es que siguen queriendo vender la narrativa de que “están trabajando” mientras el país arde.
Dos puntos
Riult Rivera tiene este año y el siguiente para demostrar que su administración municipal puede marcar la diferencia. Tiene los reflectores encima, y su desempeño definirá si tiene el respaldo ciudadano para competir por la gubernatura en 2027. En próximas colaboraciones analizaremos a fondo su trabajo, con datos, hechos y argumentos, como siempre lo hemos hecho en este espacio de opinión periodística.
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