*Pese a las fallas, errores e inconsistencias comprobadas
Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- Pese a que se ha comprobado y admitido que hay “una serie de errores” en la Reforma Constitucional al Poder Judicial Federal, aprobada por el Senado de la República y por la mayoría de legislaturas locales, sin haberla leído o analizada a fondo, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Local, encabezada por Isamar Ramírez Rodríguez, defendió dichas reformas constitucionales, pues dijo que “el proceso constitucional que se siguió para ello es legal y, además, apegado a la norma suprema”.
En la reforma al Poder Judicial existe una contradicción en los artículos 94 y 97 en torno a la elección de la o él ministro presidente de la Suprema Corte, tanto en el periodo en el cargo como en el proceso de elección.
El artículo 94 de la reforma al Poder Judicial dice: “La Suprema Corte se compondrá de nueve integrantes, ministras y ministros, y funcionará en Pleno. Su presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación.”
El artículo 97 de la reforma al Poder Judicial dice: “Cada cuatro años, el pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior.”
Esto error, entre otros más, han sido aceptados por diputados federales y Senadores de Morena y sus afines, así como por el propio Gobierno Federal, quienes han sostenido que esos “errores” serán “corregidos”, cuando ya fueron aprobados.
A través de un desplegado difundido en las redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado señaló que “los cambios constitucionales en materia de reforma del Poder Judicial, aprobados y promulgados el día 15 de septiembre de 2024 son un hecho e, invariablemente, se deben acatar. El proceso constitucional que se siguió para ello es legal y, además, apegado a la norma suprema, por lo que al haber concluido en todas sus fases constitucionales, es ley inatacable”.
En el documento se trata de defender esta reforma, señalando que “proceder en contravención de lo que ahora estipula la Carta Magna respecto del Poder Judicial o quien se ostente con las atribuciones que la ley no concede, no solo viola la ley flagrantemente, sino que atenta contra la soberanía de los Congresos Locales que, con el cuidadoso seguimiento al procedimiento de reforma constitucional, sometieron a sus plenos la aprobación de los artículos hoy en día vigentes, subrayando que fueron promulgados sin que mediara acto de inconstitucionalidad alguno”.
El documento señala que “para la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Colima resulta inaudito que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ponga en tela de juicio un procedimiento de reforma culminado en forma, tiempo y conceptualmente acorde al espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que, adicionalmente, conllevó la decisión soberana de más de una veintena de los Congresos de los estados integrantes de la Federación.”
El Congreso de Colima reconoció que “la Suprema Corte podría dirimir la constitucionalidad de las votaciones de los Congresos locales, sin embargo, en este caso no medió ningún acto al que se le pudiera tildar de inconstitucional, así, los conminamos a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen tal como lo protestaron ante la nación”.
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En el posicionamiento recordaron que “los actos del Poder Reformador NO se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución General, mucho menos en su ley orgánica; y así lo dijo hace unos años el Ministro Aguilar Morales al expresar “que sería absurdo que existiera una Constitución para algunos y otra para los demás” y, hoy, cuando sus intereses son trastocados, él y otros han decidido sacrificar sus convicciones y su compromiso de impartir justicia legítimamente, abriendo puertas a revisiones y “consultas” injustificadas e ilegales, dejando precedentes nocivos en la historia del constitucionalismo mexicano y exhibiéndose no solo con la comunidad jurídica al interior del país, sino también en el extranjero”.
En otra parte del documento se señala que “por todo lo anterior, externamos nuestra extrañeza por la actitud de estos 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demandamos públicamente que todos los tribunales de justicia y la Suprema Corte asuman su papel constitucional enmarcado en la actual Ley Suprema tal como ésta lo estipula actualmente. La reforma constitucional al Poder Judicial es Ley Suprema, a cumplirla ya o que el pueblo se los demande”.