*Compleja, costosa y nociva para la democracia el instrumentarla.
VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Montelón Nava
La terquedad de Obrador y sus fanáticos que promueven la reforma al poder judicial, lo hacen de manera superficial bajo el simple argumento de que el pueblo debe elegir a los juzgadores que sean honestos y que nos lleven a tener una mejor administración de justicia, pero ese discurso solo confirma el afán populista, tras de lo cual se esconde la intención de establecer una dictadura y mantenerse en el poder indefinidamente.
En una entrevista de la periodista Carmen Aristegui con el jurista José Ramón Cosío, el especialista puso sobre la mesa una serie de consideraciones que hasta ahora no se han ventilado en la iniciativa de esa polémica reforma, puesto que no se habla de cómo se instrumentará y cómo será la jornada electoral en la que los votantes elegirán a los juzgadores, dejando claro que de aprobarse la iniciativa en lo que se refiere a que sean electos, no solo se asegura un rotundo fracaso, sino que además pone en riesgo la elección de los cargos políticos que ese mismo día estén en juego, sean diputados federales, diputados locales, gobernador y presidentes municipales, pues se trata de un proceso complejo, complicado y confuso.
José Ramón Cosío al poner como ejemplo el Primer Circuito Judicial de la Ciudad de México dijo que se tendrían que elegir 352 juzgadores que son 9 ministros, 7 magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral, 3 magistrados de la sala regional de la circunscripción que comprende parte de la ciudad de México, 5 magistrados del órgano de disciplina judicial, 115 jueces de Distrito y 213 magistrados de distrito, solo del ámbito federal.
Por otra parte, si se toma en cuenta que conforme a la iniciativa, el ejecutivo propondrá hasta 10 nombres por cada cargo, otros 10 los propondrá el poder legislativo y otros 10 serán propuestos por el poder judicial, se tendría entonces a un total aproximado de 2088 nombres, en una lista que sencillamente es imposible que la ciudadanía pueda conocer y escuchar las propuestas de cada uno. Pero si el problema de registrar y de incluir en el proceso de elección a esos más de 2 mil aspirantes, también se debe considerar el tema de los costos elementales, pues se tendrían que imprimir un total de mil 343 millones 339 mil 938 boletas para abarcar los 7 millones 764 mil electores que según el padrón electoral forman parte de esa circunscripción que comprende el primer circuito judicial.
Pero la complejidad de este proceso populista en el que Obrador no pensó y que al ser cuestionado sobre el mismo se limitó a decir que es un tema procedimental que habrá que resolver en su momento, hay que agregar el hecho de que si se le va a entregar a cada elector una boleta por cada uno de los cargos que estarán en juego, se tienen que entregar 169 boletas solo para la elección de los juzgadores federales, así como 404 boletas correspondientes a ministros, magistrados y jueces, de la jurisdicción local, para un total de 573 boletas, entendiéndose que tendrá que marcar en cada boleta el nombre de su preferencia sea que se trate del aspirante a Juez primero de distrito en materia administrativa, a juez segundo en la misma materia para luego seguir con la boleta de los jueces en materia penal, en materia mercantil, materia familiar, materia laboral, etc. además de seguir con los candidatos a integrar los órganos colegiados, tanto de jurisdicción federal como local.
Otro problema tiene que ver con las urnas, pues si conforme a la ley, el INE dispone que cada boleta debe contar con su urna respectiva, tenemos entonces que solo en el primer circuito judicial se ocuparían 573 urnas para que el ciudadano las deposite en la que corresponda.
De la misma forma se tiene que considerar la complejidad que representará el control de los gastos de campaña de los aspirantes, la fiscalización para evitar que reciban recursos prohibidos y, adicionalmente está ante el tema de cómo resolver las impugnaciones que se darían por parte de candidatos inconformes, pues sería un mundo y el INE o los tribunales no tendrían capacidad para resolverlos.
Pero además de eso y de que no hay correspondencia de los Circuitos judiciales con los distritos electorales, hay un enorme riesgo de que con toda esta complejidad se fomente más el abstencionismo, que se elijan jueces con unos cuantos votos, que no haya legitimidad ni representatividad y, lo que es más grave aún, es que los ciudadanos dejen de acudir a las urnas para elegir los cargos políticos tradicionales. De ese tamaño es esta locura populista de la 4T que se aleja mucho de lo que debería ser una urgente y verdadera reforma judicial. Ojalá la ciudadanía se informe, valore y actúe.
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