VENTANA POLÍTICA
Por: Guillermo Montelón Nava
La polémica generada por Obrador al proponer una serie de reformas constitucionales, donde destaca la reforma al Poder Judicial y la desaparición de órganos autónomos, solo demuestra que atrás de todo eso está la incomodidad que le genera el poder judicial al ejecutivo y a la 4T en general, pues según lo dicho por el senador Ricardo Monreal lo que detonó la iniciativa es que la actual presidente de la Suprema Corte “no tiene la pericia política y técnica para la colaboración con los poderes legislativo y ejecutivo”.
Es de dar pena ese discurso de quien se dice doctor en derecho y que es catedrático de la facultad de derecho de la UNAM, pues lo que se deduce del mensaje de Monreal, que por cierto fue ratificado por la usurpadora y plagiaria Yazmín Ezquivel, es que si la ministra Norma Piña fuera tan dócil y consecuente como lo fue el tristemente célebre Arturo Saldívar o si igual renunciara al cargo como lo sugirió la plagiaria Yazmín, entonces la reforma no sería necesaria. De ese tamaño es la simulación, la incongruencia y la mala intención que esconden los de Morena.
Yazmín Ezquivel, sin tener calidad moral alguna le pidió a la presidente de la Corte que diera un paso de lado para dejar el cargo, porque no ha demostrado pericia para dialogar con los otros poderes ejecutivo y legislativo, cuando lo único que ha hecho la ministra Piña es defender la autonomía e independencia del poder judicial, defender la constitución, y ser el contrapeso establecido en la propia carta magna ante los excesos de los otros poderes, pero está claro que lo que realmente quieren Obrador y sus lacayos, es un poder judicial sometido y que no le sea incómodo, en lugar de interesarse genuinamente por una reforma judicial profunda que comience por modificar la procuración de justicia.
Pero la descomposición en la propia estructura del poder judicial, promovida desde el ejecutivo utilizando al poder legislativo, se confirma con el hecho de que el senado no ha nombrado a los dos magistrados que le hacen falta al Tribunal Electoral de la Federación y cuando un Juez de distrito determina, atendiendo una demanda de amparo de una organización de Derechos Humanos, que el tribunal debe nombrar a los magistrados faltantes, reaccionan sin el mínimo criterio jurídico aplicable en todo procedimiento. Lo que hacen es rechazar el mandato del juez argumentando que invade facultades de los magistrados y hasta le interponen una denuncia penal, cuando lo que procedía simplemente es presentar un recurso de apelación o de queja. Bien se ve que no hay un criterio plenamente autónomo al amparo de un análisis jurídico, lo que rápidamente es aprovechado por el ejecutivo para presentar una demanda de juicio político contra el juez Rodrigo de la Peza. Habrase visto mayor descaro en sus afanes de control político absoluto.
Así las cosas, si bien los propios ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces, actuarios, destacados jurista, especialistas, académicos, organizaciones de abogados y muchas otras voces coindicen en la necesidad de una reforma al poder judicial, insisten en que esta debe partir de una amplia reforma al sistema de procuración de justicia, abarcando las fiscalías federales, los ministerios públicos de la federación pero también las fiscalías estatales, las policías y todo el andamiaje involucrado en la procuración, instrumentación e impartición de justicia.
Del mismo modo se señala la improcedencia del criterio populista de la iniciativa al querer que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, cuando ello no puede ser aplicable en un sistema de justicia que realmente deba ser autónomo e independiente. Se advierte una y otra vez de los riesgos de que un proceso de elección podrá ser intervenido por poderes fácticos, por el propio poder público y por los partidos políticos, restándole verdadera autonomía y eficacia, con lo que los más perjudicados serán los justiciables, es decir las personas que demandan justicia. Lo lamentable es que aunque se siguen realizando foros para escuchar propuestas y opiniones que enriquezcan la iniciativa de López, lo que se aprecia entre los principales actores políticos de la 4t, incluyendo a Claudia, es que quieren politizar la justicia con ese afán populista.
Ante ello, solo resta esperar que morena no logre la mayoría absoluta en el legislativo, que en un golpe de inteligencia y verdadera congruencia política, Claudia frene esa locura populista, que por cierto, no solo generaría caos en tanto se implementa, sino que implicaría un cuantioso gasto para organizar un proceso electoral de los jueces, magistrados y ministros, aunque también cabría esperar una sólida respuesta de la sociedad civil organizada para exigir que se imponga la razón y no el capricho donde se esconde la venga, el resentimiento y la ambición de poder.
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