Por: Ángel Durán
Desde hace muchos años, la defensoría pública local que tenemos como institución, especialmente en la materia penal y también en los tribunales del fuero común de la materia civil, se ha vuelto obsoleta, y como consecuencia propongo un cambio de esta institución.
Esto no se debe a la calidad, ni al profesionalismo de sus integrantes, ya que en su gran mayoría son extraordinarios profesionales que se esfuerzan al máximo para brindar una buena defensa a sus clientes.
Sin embargo, su estructura actual no ha permitido el crecimiento de esta institución, ni ha logrado obtener los resultados que la sociedad demanda.
La Constitución establece que todas las personas que necesiten asesoramiento legal y no cuenten con los recursos para contratar una asesoría privada, tienen el derecho humano de recibir la defensa de un profesional proporcionado por el Estado.
A pesar de ello, la defensoría pública local no ha logrado cumplir adecuadamente con su función.
El objetivo de esta institución pública es cumplir con su función de manera efectiva, brindando defensa a todas aquellas personas que lo necesiten y no cuenten con los recursos económicos suficientes.
Sin embargo, las instituciones públicas, principalmente en el fuero común, presentan numerosas limitaciones, como: un exceso de juicios, falta de personal, falta de capacitación permanente y carencia de medios adecuados para llevar a cabo investigaciones de acuerdo a las exigencias sociales.
Los abogados de la defensoría pública no cuentan con el presupuesto necesario, para llevar a cabo investigaciones y están limitadas por un sistema legal que restringe su labor exclusivamente a la atención de sus clientes que llegan a sus oficinas.
Además, generalmente carece de recursos para trasladarse a donde se les requiera y mucho menos, cuando se trata de defender a grupos vulnerables, además de enfrentar riesgos asociados a los juicios que llevan, y el estado no se preocupa de ello.
La anterior forma de garantizar la defensa pública puede mejorarse con la siguiente propuesta.
Y lo que propongo es, que el Estado, lleve a cabo una reforma legal donde establezca un registro de litigantes dispuestos a trabajar como defensores públicos, cuyos honorarios serían pagados por el Estado.
De darse este supuesto, esta forma ofrecería las oportunidades de trabajo a abogados privados, que no forman parte de la defensoría pública.
Por supuesto, todos ellos también sujetos a revisión y a demostrar que lleven una defensa pública adecuada, pues el objetivo final, es dar la posibilidad de servicio de defensa pública de calidad, tanto por integrantes de la defensoría pública, como por abogados particulares, que estén dispuestos a trabajar bajo los aranceles del Estado.
En última instancia, lo que debemos buscar es cumplir con el derecho humano que toda persona tiene de contar con una buena defensa para la resolución de sus litigios.
Sería deseable reflexionar sobre la posibilidad de mejorar la estructura de esta institución, lo cual beneficiaría enormemente a aquellas personas que están llevando juicios ante los tribunales de alguna manera.
Es necesario considerar medidas que permitan un mayor crecimiento y eficacia de la defensa pública.
Una opción a tener en cuenta, es el aumento del presupuesto destinado a esta institución, con el fin de mejorar la infraestructura, contratar más personal y proporcionar una capacitación continua a los defensores y defensoras públicas. Esto permitiría abordar el exceso de juicios y brindar una atención más adecuada a cada caso.
Asimismo, se debería considerar la implementación de programas de apoyo y recursos adicionales para los defensores y defensoras públicas que trabajan en casos que involucran a grupos vulnerables.
Esto garantizaría una defensa más sólida y eficiente, especialmente en situaciones en las que existe un riesgo significativo para las personas involucradas.
Es esencial reconocer la importancia de una defensoría pública sólida y eficiente para garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
La actualización de esta institución y la implementación de medidas concretas para mejorar su funcionamiento son necesarias para cumplir con el deber constitucional de brindar una defensa adecuada a todas las personas que lo requieran.
Esto contribuirá a fortalecer el sistema de justicia y a satisfacer las demandas de una sociedad que exige resultados justos y equitativos.
www.angelduran.com