El tiempo que disfrutas
perdiéndolo no es tiempo
perdido.
John Lennon.
Por: Manuel Olvera Sánchez.
Algo que resulta inobjetable es el tema relacionado a la cada día más complicada situación financiera que enfrentan los Ayuntamientos, y vaya que al ser la primera autoridad gubernamental que tiene contacto con el pueblo es quien debería de contar con un presupuesto del gasto acorde a las múltiples necesidades que a cada dia se ven incrementadas en gran medida por el crecimiento poblacional, y también, por que no decirlo, a la voracidad con la cual se han conducido los dirigentes sindicales.
En días pasados, la dirigencia sindical de los trabajadores al servicio del gobierno del estado y en algunos casos dirigentes de trabajadores sindicales, manifestaron su descontento con relación al posible incremento del 3% de sus prestaciones salariales, sin embargo, omiten mencionar que al pretender incrementos fuera de la inflación estimada por el Banco de México se corre el riesgo de que la capacidad financiera, tanto del gobierno del estado como de los municipios, no sea suficiente con la consecuencia de despedir personal,
En el caso particular de los municipios existía la costumbre de homologación salarial e incluso es a través de un convenio laboral mediante el cual se estipula que los incrementos laborales que el gobierno del estado decidiera otorgar a sus trabajadores era obligación de los ayuntamientos otortgarla a sus empleados, situación que se encuentra fuera de lugar, ya que la capacidad financiera de cada uno de los municipios y en particular del gobierno del estado, son diferentes, razón por la cual esa costumbre de homologar los sueldos de los ayuntamientos de los municipios hacia las prestaciones que tiene el gobierno del Estado hoy en día ha quedado obsoleta.
Para nadie es desconocido que la actual pandemia COVID-19 ha generado condiciones nada favorables en condiciones económicas, sin embargo, también debemos precisar que las últimas dos décadas la plantilla laboral en los municipios y gobierno del estado ha crecido de manera no proporcional, ya que la prestación de los servicios públicos no ha sido la esperada, representando una dilapidación excesiva a la hacienda publica.
Lo referente a la actual inconformidad, presentada por los líderes sindicales con relación al presunto incremento del 3% no es más que una reacción ante el inminente cambio entre las relaciones laborales, ya que en muchos de los casos el contubernio entre los entes públicos y los líderes sindicales se pactaban acuerdos que contravenían el espíritu de justicia laboral tachando en los excesos sin medir las consecuencias futuras, tanto económicas como laborales.
Y un testimonio fiel que causa tristeza, pero a la vez indignación por los múltiples excesos propiciados de manera conjunta por las autoridades gubernamentales y los líderes sindicales, es la reciente basificación de quienes en su momento fungieron como regidores o en alguno de los casos como alcalde en algún ayuntamiento de nuestro estado.
Los líderes sindicales están en su derecho de pronunciarse en contra del pretendido incremento del 3% y la resistencia que mantendrán será con la finalidad de justificar ante sus agremiados una lucha sindical que a todas luces están conscientes que las arcas públicas no soportan más erogaciones por concepto de servicios personales. Los líderes deberán adoptar políticas laborales distintas a las cuales estaban acostumbrados y que han sido heredadas por el viejo régimen, un viejo régimen que les permitió amasar grandes fortunas a costas del erario con el argumento de enarbolar luchas sindicales desiguales.
La voracidad con la cual se han conducido algunos líderes sindicales debe ponerlos a pensar y tomar decisiones que permitan fortalecer la hacienda pública de los entes públicos y ser prudentes al momento de iniciar los trabajos enfocados a lograr los acuerdos laborales referentes al incremento salarial.
Las decisiones que tomen los alcaldes para nada violentaría sus conquistas laborales de la clase trabajadora, al contrario, estarían buscando la permisibilidad que tienen los ayuntamientos para cumplir con sus obligaciones constitucionales y que harían una realidad su autonomía política, financiera y administrativa al no permitir presiones externas por líderes sindicales voraces, menos verse en la obligación de cumplir convenios laborales que homologan prestaciones ante situaciones financieras totalmente desiguales entre el gobierno del estado y los ayuntamientos.
La razón por la cual la mayoría de los ayuntamientos y el gobierno del estado se encuentran en las condiciones financieras desastrosas obedece única y exclusivamente a que resulta fuera de lógica y no es entendible que el gasto se esté proyectando sobre un porcentaje por encima de la inflación que maneja el Banco de México, ya que si los ingresos se proyectan con base a la inflación no existe argumento alguno para que el gasto se estime por encima de ese porcentaje.
Las recientes declaraciones del subsecretario de Administración del Gobierno del Estado Víctor Manuel Torrero Enríquez obedecen a un funcionario responsable y con una visión objetiva sobre la manera en la cual se deben manejar las políticas laborales y más aún, el tema financiero, ya que bajo ninguna condición se deberán comprometer la hacienda pública de por sí al punto del quebranto financiero.
Claro que así como lo señala el subsecretario Torrero, la prestación de servicios que brinda el gobierno del estado no se pueden poner en riesgo con incrementos salariales fuera de la viabilidad financiera y más importante es que son los contribuyentes quienes pagan todos y cada uno de los sueldos de los funcionarios públicos.
La propuesta de convocar a la clase trabajadora a través de la dirigencia sindical con el fin de someter bajo un esquema democrático para que sean los trabajadores quienes se manifiesten si están de acuerdo o no con el pretendido incremento del 3% es algo tan ingenuo y aberrante, a lo cual el subsecretario Víctor Manuel Torrero Enríquez de manera atinada propone que bajo la visión sindical también se convoque al pueblo que es quien sostiene financieramente los sueldos de la clase trabajadora para que sea la sociedad quien se manifieste y decida sobre que porcentaje se le deberá otorgar a la burocracia estatal.
La política laboral pretendidad por el subsecretario Víctor Manuel Torrero Enríquez de manera directa vendrá a oxigenar las arcas públicas tanto estatales como municipales, ya que si bien es cierto que los municipios cuentan con la autonomía constitucional para manejar su hacienda pública deberán adoptar las nuevas políticas laborales dictadas por el subsecretario Torrero.
La visión que tenías sobre mí, no la defraudare, eso me fortalece aún más, serás ese impulso para lograrlo.
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