En entrevista, declaró que los diputados federales que aprobaron dicha reforma tienen mucho qué explicar “deben aclarar diversos puntos sobre la reforma educativa”, sobre todo a la permanencia laboral de los maestros y a la llamada autonomía de gestión que se quiere atribuir a los directores de cada plantel educativo para gestionar recursos para el mantenimiento de las escuelas. Este punto, desde nuestra óptica, si tiene tendencias privatizadoras”.
Magaña Cervantes mencionó que en la Reforma Constitucional no se puntualiza “de donde se obtendrán los recursos económicos para las escuelas. Nosotros estamos manifestándonos a favor de la escuela pública, puesto que condicionar su acceso con cuotas sería privarle el derecho a los mexicanos el acceso a la educación pública, pues se puede empezar a generar un proceso de privatización de escuelas”.
Afirmó que este tema se debe integrar a las leyes secundarias y garantizar la educación pública, laica, gratuita y de calidad, “pues la Reforma Constitucional es ambigua y como se encuentra redacta institucionaliza el cobro de cuotas escolares”.
Es por ello que anunció que los padres de familia “•nos sumamos a las justas demandas de los trabajadores de la educación, pero todo dentro de la normatividad, sin violentar el estado de derecho y sin suspender clases. No nos meteremos a las cuestiones laborales, pero sí que se puntualice que no es obligatoria la aportación de los paterfamilias y que no se inicie un proceso de privatización de la educación”.
Reconoció que en Colima el magisterio se ha manifestado en forma respetuosa, sin suspensión de clases, “y es por ello que tienen el apoyo de muchos padres de familia, los cuales han firmado en apoyo a sus demandas, pero también hay quienes se han negado a hacerlo. Todo en libertad”, acotó.
Reiteró el dirigente de los paterfamilias que “la Reforma Constitucional es ambigua y debe aclararse”, pues “de permanecer como esta sí se corre el riesgo de llegar a la privatización de la educación y es a lo que nos oponemos”.