Tras cuatro horas de discusión, ocho de los nueve consejeros electorales dividieron la primera votación, que se realizó para sancionar a los partidos, tras considerar que no se logró justificar el destino de los recursos a través de las tarjetas Monex.
Sin embargo, la propuesta de los consejeros Alfredo Figueroa, Lorenzo Córdova, Benito Nacif y María Marván para aplicar una sanción de 75 millones de pesos, equivalente a 150 por ciento del monto involucrado en la distribución de recursos, generó un empate ante la ausencia del consejero Sergio García.
“Hay un desvanecimiento del empleo de esos recursos y de su destino y el PRI no acredita, en todos los elementos que presentó a esta autoridad, el empleo de esas tarjetas Monex con el propósito de erogar la estructura de representantes de casilla que nos habría anunciado”, razonó Figueroa.
En consecuencia, el consejero García solicitó participar en una nueva votación, al asegurar que nunca solicitó ser excusado formalmente de la discusión del caso y tras garantizar que su amistad con algunos miembros de las empresas aludidas no afectaría su juicio, lo que definió el debate y se concluyó infundado el proceso administrativo sancionador.
“No es posible acreditar que diversas empresas hayan aportado recursos con la finalidad de pagar la emisión de tarjetas y dispersión de los recursos (aportación prohibida por la legislación electoral), pues como ya se refirió, el Partido Revolucionario Institucional contrató un servicio de dispersión de recursos en virtud del cual adquirió diversas tarjetas de prepago y ha pagado en su totalidad sus obligaciones pactadas con la empresa ya referida”, argumentó el IFE.
La consejera Macarita Elizondo, que rechazó la propuesta de sanción a PRI y PVEM, presentó ante el consejo una nueva propuesta para considerar la aportación de recursos a través de las tarjetas Monex como de procedencia ilícita.
En este sentido, la Unidad de Fiscalización únicamente deberá integrar 50 millones 508 mil pesos a los gastos de campaña que realizó la coalición compromiso por México, los que deberán ser evaluados durante la próxima sesión, a fin de definir si estos superan el tope establecido de los gastos.
Asimismo, en el proyecto aprobado se establece que el IFE deberá dar vista a la Unidad de Inteligencia de delitos Financieros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Servicio de Administración Tributaria, a la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, así como a la Secretaría Ejecutiva del órgano electoral y la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos Electorales.