La procuradora respondió así a varios cuestionamientos que hicieron los diputados del PAN, Orlando Lino y del PRD, Francisco Rodríguez.
“El sigilo de la integración no permite revelar más información sobre el caso de Silverio Cavazos, no está claro el móvil, de lo contrario ya lo hubiéramos informado, la averiguación está abierta y probablemente cuando se tengan la declaración del autor material e intelectual, sabremos cual es el móvil”, dijo.
Y complementó: “Hemos sido respetuosos de la secrecía, el trabajo de investigación siga su cursos en formas y criterios y sin que algunas voces con morbo influyan en el trabajo, de nuestra parte no habrá pronunciamientos públicos sobre el tema hasta que la investigación nos lo permita, cuidando el sigilo, como ya lo señalamos, con las detenciones que se han registrado se cierra una fase en la investigación, pero aclaramos que la investigación no está cerrada, por el contrario, con la PGR, continuamos para lograr la captura de los responsables, reiteramos que el gobierno del estado no descansará hasta poner tras las rejas a los responsables del crimen”.
Sobre las preguntas que realizó el diputado del PRI, dijo que la responsabilidad de la PGJE es la investigación, persecución y acción penal, pero no quiere decir que no lleve a cabo tareas como la prevención del delito.
Y es que varios diputados reclamaron el aumento de delitos de alto impacto como el robo a casa-habitación, secuestros, violaciones y homicidios, donde el diputado perredista Francisco Rodríguez lanzó cifras donde registran importantes incrementos como el robo a vehículos que ascendió un 130% con relación al último año de gobierno de Mario Anguiano, por tal motivo pidió su renuncia porque “ya cumplió su ciclo”.
Verduzco Guzmán se defendió: “Por el tono de algunos diputados, coincidimos en que trabajamos en beneficio de los colimenses (…) No escuché a ningún diputado, solo a Martín Flores, que dijera qué propone, qué ayuda, después de que haga la réplica seguramente lo harán, pero necesitamos incorporar las propuestas para el plan de trabajo para que disminuyan delitos de alto impacto y otros que afectan al patrimonio de las familias colimenses”.
Declaró que el robo, agravado o no, con o sin violencia, afecta gravemente contra la población, por eso se presentó un proyecto de iniciativa para que la PGR con el consenso de todos los procuradores, para reformar el artículo 71 del código federal de instituciones y procedimientos penales, y que el IFE proporcione información de huellas dactilares para los casos de homicidio, secuestro y robos.
En el caso de los exámenes de control y confianza, en cuestión de policías ministeriales son 74% los evaluados; 18% fueron no aprobatorios y que no es posible darle seguimiento de forma personalizada a los despedidos.
En materia de derechos humanos, recibió de 283 quejas, solamente 7 fueron recomendaciones, aceptó 1 donde el organismo recomendó capacitación de derechos humanos, abrir la investigación sobre un homicidio de Cofradía de Juárez en Tecomán, apoyo psicológico a las víctimas y que ya está atendida.
El resto de las recomendaciones se consideró que las determinaciones de los ministerios públicos no vulneraron los derechos humanos.
Informó que hubo 6 secuestros en el 2012, se esclarecieron 3 y en 2 hay sentencia firme.
Mencionó que se investiga en los 13 feminicidios que ocurrieron en el 2012, en la investigación de este nuevo delito tipo penal, “sustentamos la investigación en el protocolo correspondiente y con base en las recomendaciones en el estado mexicano para prevenir la discriminación”, acotó.
En 2012, hubo 331 denuncias por personas desaparecidas donde 291 fueron localizadas, y 40 faltan por localizar donde han mandado 22 muestras para la identificación de cadáveres donde 15 ya les dieron resultados “y hoy mismo informaremos a los familiares”.
Sobre la desaparición del activista nahua Celedonio Monroy Prudencio, se abrió una investigación de oficio, no hay denuncia por parte de los familiares, estamos colaborando con la PGJE de Jalisco, que nos hacen competentes.
Declaró que en los casos de adopciones ilegales de menores por parte de extranjeros, se han turnado a la PGR desde noviembre pasado.
En lo que se refiere al combate a la delincuencia organizada, durante el año del informe la Procuraduría General de Justicia logró la captura de 156 personas, es decir 51 personas más que en el año 2011.
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