A pregunta del panista Héctor Insúa, Rueda Sánchez precisó que esperan que la violencia y la inseguridad bajen considerablemente este año y donde la población así lo perciba “se trabaja para ello coordinadamente con el gobierno federal”, dijo.
En ese sentido, declaró que hay un 78% de avance en la depuración de policías donde se han dado de baja a elementos que no han pasado los exámenes de control y confianza y hay un avance significativo de la implementación de los juicios orales donde Colima está en la segunda etapa y se tiene hasta el 2016 para concluir la transición.
A los cuestionamientos del diputado Arturo Arias de PRI, Rueda Sánchez declaró que aún no está cerrado el caso del asesinato de Silverio Cavazos y que se buscan con los responsables materiales e intelectuales donde ya se han detenido y consignado algunos involucrados; además informó que en el conflicto de límites, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que emita una resolución final y se enfocarán a la defensa del territorio.
En respuesta a las preguntas del diputado neoaliancista Heriberto Leal, el funcionario estatal señaló que se reconstruyeron los daños que provocó el huracán Jova en tiempo récord de un año; que en el caso de Lomas Verdes, se trabajará para llegar a una conciliación entre los vecinos sobre si se construye un templo en el parque de la colonia y si se decide que no se haga, respetarán el acuerdo.
Sin embargo, el momento más álgido fue cuando el perredista Francisco Rodríguez García pasó a tribuna e hizo señalamientos sobre la violación a derechos humanos por no enviar iniciativas para legislar sobre los derechos de la comunidad gay; la situación de los Ceresos; las adopciones ilegales por extranjeros y la asignación de publicidad a los medios de comunicación, refiriéndose al caso Avanzada.
En su réplica, Rueda Sánchez manifestó que no encuentra sustento en que el gobierno estatal viole algún derecho a la comunidad gay por no enviar alguna iniciativa y en todo caso, corresponde al congreso del estado.
Además, precisó que en el caso de los ceresos, admitió que se cobran algunos servicios como baños públicos y talleres, pero esos recursos los maneja un patronato y que las actividades han servido para bajar la reincidencia.
En el caso de las adopciones ilegales, los expedientes han sido atraídos por la Procuraduría General de la República (PGR) que no ha requerido información de registro civil, por lo que el delito, en su caso, no es materia de algún trámite del gobierno estatal.
Finalmente, Rueda Sánchez contestó los señalamientos sobre el caso del periódico Avanzada donde aseguró que se dejó de pagar publicidad después de que dejara de circular su versión impresa y que no ha sido acreditada la supuesta presión hacia su director para cambiar la línea editorial como establece en la queja presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
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