TAREA PÚBLICA
Por: Carlos Orozco Galeana
Seguro que millones de mexicanos presenciaron en la semana pasada en televisión la forma de vida que lleva en Londres la prófuga Karime Macías, esposa del exgobernador veracruzano Javier Duarte, preso en una cárcel desde hace meses.
ESta doña vive muy holgada en lo económico pues gasta mensualmente más de un millón 600 mil pesos más lo que derrocha comprando en tiendas de lujo, una actividad normal para ella pues recuérdese que dijo en un texto repetidamente que “merecía abundancia”. Muchos mexicanos pensamos que merece cárcel, luego de ver su ostentación Presuntamente, Karime adquirió un departamento en Londres, nomás se fue de México, en unos 95 millones de pesos ( Mural 30 mayo, primera página).
Se ha criticado que la orden de aprehensión surja en este tiempo electoral dado que el gobernador de Veracruz, apellidado Yunes, quiere cederle el poder a otro Yunez, su hijo, para más información. Suponiendo que el gober quiera generar méritos para su partido y para su hijo en particular, no resulta desagradable que la justicia se haga en una persona que junto con su pareja, saqueó un estado en forma vergonzante. Lo que gasta Karime en Londres es casi nada frente a la inmensa fortuna que hicieron los dos en seis años de infortunio para los veracruzanos. . . y para las arcas públicas.
En efecto, una investigación de la organización ‘Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad’ (MCCI) identificó que, cuando Karime Macías era presidenta DIF en Veracruz, este organismo entregó más de 415 millones de pesos a una red de 33 empresas fantasma.
Los depósitos a empresas fantasma por parte del DIF se produjeron entre 2011 y 2016, y la cifra supera casi en cuatro veces “los 112 millones de pesos de presuntos desvíos que permitieron a la Fiscalía de Veracruz obtener una orden de aprehensión contra Karime Macías”, recordó MCCI. “La misma averiguación revela que detrás de estas 33 empresas fantasma, hay otras 400 empresas que habrían recibido recursos.”
Para adjudicar los pagos, el DIF-Veracruz simuló procesos legales de contratación bajo la modalidad “licitaciones simplificadas” en donde llegaba a invitar de 3 a 5 empresas, todas ellas fantasma y pertenecientes a la misma red. O en algunos casos, simplemente pactaba “adjudicaciones directas“ con cualquiera de las excepciones que la ley permite e incluso se hicieron pagos sin contratos.
Lo sucedido con el Dif veracruzano implica que el siguiente gobierno federal, si quiere luchar contra la corrupción, le amarre las garras a quienes funjan como directivos de los Dif estatales, que son verdadera cueva de ladrones y se aprovechan fácilmente de recursos provenientes de recursos federales y de los que les derivan los gobernadores de turno. Esto tiene que terminarse cuanto antes.