Dividido en cuatro ejes y con 44 páginas, el documento estipula muchas generalidades sobre los diversos temas planteados y pocas propuestas concretas para el próximo periodo gubernamental en algunos rubros.
En el primero de los ejes, Democracia, Seguridad y justicia, con líneas poco claras como “Legislaremos con base a las necesidades básicas de los colimenses”, el PRI se compromete a adecuar y actualizar permanentemente el marco jurídico estatal, poniendo énfasis al desarrollo empresarial y a la armonización legislativa de los tres niveles de gobierno.
Una de las propuestas más concretas en este eje es impulsar el cambio del sistema Lada para el municipio de Ixtlahuacán, para que este sea similar al del municipio de Colima, además de publicar en internet los gastos de obras para consulta de ciudadanos.
También contempla, entre otras cosas, bajar los costos de los servicios administrativos como las actas de nacimiento, premiar con descuentos a los contribuyentes cumplidos y designar por parte de las autoridades un día de la semana con hora fija para tener audiencia con la población.
Sin embargo, un rubro muy general y con escasas ideas fue el de rendición de cuentas, que más allá de hacer compromisos ya establecidos en la ley actualmente, propondrán informes financieros cada tres meses además de “impulsar con argumentos, propuestas para incrementar el monto de las participaciones federales a los ayuntamientos” y el cuidado, por parte de los ciudadanos, de la obra pública.
Seguridad pública
Tal vez el rubro más completo y propositivo de la plataforma electoral del PRI es el rubro de seguridad pública donde se comprometen a otorgar de mayores facultades a la policía preventiva.
Insistirán en intensificar la capacitación y la destreza de las habilidades de los cuerpos de seguridad para el manejo de equipo y armamento; privilegiarán que la policía preventiva continué con el programa de prevención del delito y que se aliente la denuncia.
Una propuesta interesante también es que llevarán un sistema de registro de todos los elementos policiacos, para dar seguimiento a los que se hayan dado de de baja, a fin de detectar, en su caso, su participación en hechos delictivos.
También buscarán incorporar la figura de la policía preventiva en el texto de la constitución local, otorgándole atribuciones para el mejoramiento de su desempeño y en materia de prevención del delito.
El PRI establecerá y consolidará el servicio civil de carrera policial, “para dar un sentido institucional y profesional al servicio, que evite improvisaciones en el mando y el cuerpo operativo”.
Inclusive buscarán establecer principios, políticas y ética de comportamiento, de los elementos policiales, con el fin de crear un verdadero espíritu de cuerpo.
En materia de protección civil, resalta la obligatoriedad de realización de simulacros de protección civil trimestrales, en edificios públicos, escuelas, fábricas, comercios y centros de espectáculos.
En lo referente a derechos humanos, con muy pocas propuestas, sobresale la ampliación de las atribuciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), en lo referente a sanciones para funcionarios públicos que violen las garantías individuales de las personas que promueven sus quejas ante este órgano.
Y también buscarán una legislación y una reglamentación en materia cibernética, “que realmente permita proteger a las personas y en especial a la niñez y los jóvenes colimenses, de los delitos que cada vez se generalizan más a través de la Internet”.
Una iniciativa de ley similar, impulsada por el priista Flavio Castillo, en la pasada legislatura fracasó y fue rechazada en el pleno, por considerarse del ámbito federal.
Desarrollo Económico, competitividad y empleo de calidad
En este apartado, también junto con el subapartado de seguridad pública, es uno de los más completos.
El PRI visualiza al municipio de Cuauhtémoc como alternativa para la inversión en materia turística y promoverá a los gobiernos estatal y federal, la redefinición de sistemas de indicadores.
Esto provocará que dependencias de los tres niveles de gobierno cuenten con referencias comparativas que orienten sus acciones para el impulso de políticas públicas que alienten la inversión privada y la diversificación de sus mercados.
También propondrán constituir un pacto gubernamental-laboral-empresarial para forjar una nueva cultura de relaciones de producción, con base en el consenso, la corresponsabilidad, el esfuerzo y los beneficios compartidos, con el propósito de establecer un proceso de homologación de las condiciones legales, contractuales y laborales del país a las condiciones de las economías internacionales más avanzadas.
En materia de desarrollo rural, con muchas propuestas, resalta el impulso de la agricultura por contrato, el manejo de coberturas de precios y la diversificación de los mercados de exportación, además de dar prioridad a programas que impulsen el fortalecimiento de las cadenas y la integración de los mercados regionales.
En materia de educación, buscarán la vigilancia y sanción a las autoridades educativas o del plantel que cobren cuotas adicionales a las acordadas y manejadas por la asociación de padres de familia.
Además, de revisar los programas y contenidos de la enseñanza de la historia nacional, así como los relativos a la educación cívica en todos los niveles educativos hasta la licenciatura.
En lo que se refiere a grupos vulnerables, crearán 6 programas referentes a la infancia, juventud, mujer, personas en condiciones de abandono y un programa de accesibilidad.
Para la comunidad lésbico-gay sólo hay un compromiso: reconocer su estatus como parte integral de la sociedad a través de las reformas de algunas de las leyes para reconocer sus derechos por ejemplo a recibir seguros médicos y pensión de su pareja.
Finalmente en el apartado de Desarrollo metropolitano con visión sustentable resalta la definición como prioridades de la legislación ambiental, la protección de la salud y de la biosfera; además de implantar una política de transporte terrestre que contribuya a disminuir la contaminación del aire, promoviendo la renovación del parque vehicular, la racionalidad en la administración de rutas urbanas y la construcción de libramientos carreteros.
Aunque uno de los mayores problemas de los municipios es el manejo de residuos sólidos, proponen una planta de reciclaje y la promoción de reservas territoriales para la construcción de rellenos sanitarios en los municipios.