Con 315 votos a favor sin abstenciones ni sufragios en contra la nueva legislación obliga al resarcimiento y reparación del daño a las víctimas del delito, además de garantizar protección y asistencia a ofendidos y testigos de los delitos vinculados con la trata de personas.
De acuerdo con el proyecto, serán sancionados hasta con 40 años de cárcel a los padres, madres o tutores que entreguen o reciban a un menor de 18 años de edad con el fin de explotarlo sexualmente.
La misma pena se aplicará a quienes incurran en la explotación sexual de su pareja, al aprovechar la relación matrimonial o de concubinato, así como a quienes alquilen los servicios de una víctima de trata de personas, a sabiendas de esa condición.
La legisladora panista Rosi Orozco, principal promotora del proyecto, destacó que entre los principales objetivos está el de obligar a las entidades federativas a contar con leyes en la materia para abatir los ilícitos de explotación y turismo sexual, tráfico de órganos y esclavitud laboral.
El dictamen describe y establece castigos corporales y económicos “al que enganche, transporte, transfiera, retenga, reciba, acoja o entregue a una persona” con fines de esclavitud, servidumbre o explotación, con lo cual se sanciona a los participantes en toda la cadena de trata de personas.
Entre las conductas punibles que prevé el proyecto de Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas figuran la esclavitud; el sometimiento a servidumbre; el trabajo, la mendicidad y la prostitución forzada; la corrupción de menores y la pornografía infantil.
Fuente: MILENIO