EN LA MIRA
Por: Édgar Rodríguez H.
Porque no le queda de otra y consciente de que el revés sufrido en los pasados comicios electorales son consecuencia del saqueo sin piedad ejecutado por varios de los gobernadores priistas, o al menos así hay que entenderlo, Enrique Ochoa Reza, nuevo presidente del PRI nacional, fue tajante al plantear que el partido debe señalar los actos de corrupción de los gobiernos emanados de sus filas y, en su caso, exigir la destitución de sus titulares.
Si hay la intensión real de hacerlo, esto no sólo tiene que suceder para quien o quienes actualmente ostentan el poder público, sino también para los que concluyeron y dejaron completamente vacías las arcas estatales. A los saqueadores, la acción de la justicia debe alcanzarlos y cobrarles la factura de todos sus actos de corrupción. Si realmente se quiere reencausar el rumbo con miras al 2018, lo manifestado por Ochoa Reza al rendir protesta como nuevo líder del tricolor al afirmar que “el PRI tiene que ser garante de la honestidad de sus gobiernos, tenemos que ser un partido que señale la corrupción de gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización e incluso su destitución”, tiene que tomarse con absoluta seriedad para no quedar en un mero discurso demagógico.
Para empezar el nuevo líder priista, tiene de sobra en los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua, Tamaulipas y Durango, sin descuidar a los ex mandatarios como Mario Anguiano Moreno, que dejaron sin dinero al estado, en banca rota, mientras él y los funcionarios que lo acompañaron en su gestión, se enriquecieron.
El actual gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, ya puso el ejemplo al ordenar mediante la empresa Pricewaterhousecoopers (PWC) una investigación la cual arrojó que durante los dos años de su gobierno –y se quedó corto-, MAM hizo un uso discrecional de por lo menos 2 mil millones de pesos, adeudos e irregularidades en la adjudicación de contratos y obras.
Simplemente por reembolsos pendientes a la federación, la administración pasada quedó a deber más de 798 millones de pesos que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se utilizaron irregularmente, entre otros desfalcos por los cuales tendrá que responder ante las autoridades competentes.
Quizá no haga falta señalar lo que ya se sabe, pero la gente ya está cansada de tanta corrupción e impunidad, lo demostró en las urnas el pasado 5 de junio, dándole al PRI el voto de castigo. Gobernantes o ex gobernantes no deben escapar a la acción de la justicia. Veremos que tanto se hace efectivo lo vertido por el presidente Peña Nieto, cuando aseguró que no permitirá que ningún Estado de la República diseñe mecanismos anticorrupción que no se ajusten por completo a la legislación federal. “El objetivo es evitar trucos que oculten o favorezcan a los poderes locales. Por ello ha ordenado a la Procuraduría General que impugne por inconstitucionales las medidas anticorrupción de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, sobre las que pesa la sospecha de haber sido pergeñadas para blindar a sus controvertidos mandatarios, Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte.
Por lo pronto, el fin se mana pasado, la Procuraduría General de la República (PGR), por conducto de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cumplimentó una orden de reaprehensión por reclusión, dictada por el Juez Primero de Distrito en el estado de Tabasco, en contra del ex gobernador de esa entidad, Andrés Granier Melo, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de defraudación fiscal equiparable por el monto de 224 mil 352 pesos: actualmente el ex mandatario tabasqueño se encuentra interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México. ¿Quién sigue?
SE DICE QUE…
Lo que no se hizo porque no se quiso en siete años -el último año de gobierno de Silverio Cavazos Ceballos y los 6 de Mario Anguiano Moreno-, se atendió en los primeros cinco meses de gobierno del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y por fin la máxima casa de estudios colimota recibió un cheque por 262 millones de pesos, con lo que se le paga parte de la deuda, el resto equivalente 132 millones de pesos, se liquidarán en un mes. No es cosa menor el que se esté saldando la deuda, pues con el dinero la UdeC, podrá solventar gastos rezagados por la insensibilidad de mandatarios hacia los estudiantes de nivel media superior y superior.
*Las finanzas estatales poco a poco comienzan a tomar forma tras el desastre financiero ocasionado por la administración anguianista, el esfuerzo ya se ve reflejado no sólo con el pago parcial de deuda a la Universidad de Colma por 262 millones de pesos, sino también con los más de 13 millones de pesos que recibió el Tecnológico de Colima. La acción emprendida fue uno de los compromisos contraídos por JIPS, durante su campaña con la educación superior del estado de Colima.
*Mientras el ejecutivo estatal se esfuerza por sanear las finanzas, el legislativo estatal hace lo mismo pero a la inversa, los diputados se esfuerzan para darse sus lujos con aumentos en sus dietas y partidas para gastos extras.