VIOLENCIA EN CÁRCELES
Por: Carlos Orozco Galeana
México es noticia una vez más no solo a nivel nacional sino internacional, por el hecho sangriento que rebasó, como todos los de su naturaleza, a autoridades del gobierno de Nuevo León y que se contabiliza, para vergüenza de la humanidad, en una cincuentena de muertos y un número indeterminado de heridos. Se deduce también que hay responsabilidad del gobernador Jaime Rodríguez, a quien sus opuestos ideológicos le recriminaron que anda todavía en campaña y dispuso equivocadamente el retiro de la colaboración de policías militares en esa prisión. En redes sociales le critican su tardanza frente al suceso.
Las evidencias muestran que en la Cárcel de Topo Chico había una bomba de tiempo que estalló. En las prisiones ocurren hechos indescriptibles, se produce una mezcla de criminalidad entre lo que son presos peligrosos y personas que purgan penas menores por haberse robado algún producto de precio ínfimo en tiendas comerciales o por haber cometido un delito que ameritaba pago de fianza. La sobre población existente en ellas – 45,140 presos en 194 prisiones – es un elemento que impacta los desórdenes.
La mayor parte de las cárceles viven en el hacinamiento, la corrupción y la promiscuidad y no son para presumir los pocos logros en materia de rehabilitación social. Muchos presos refinan sus conocimientos para, una vez libres, delinquir de una forma más profesional. Y no son pocos los que estando desde el confinamiento siguen cometiendo delitos comunicándose fácilmente con el exterior. No hay todavía mecanismos en México que eviten esta conducta criminal.
Un dato conocido desde 2015: La mitad de los presos de las cárceles de la mayor área metropolitana de México afirman que fueron golpeados en el momento de su detención para forzarles a cambiar su declaración. Las denuncias de que la policía exigió el pago de una mordida (extorsión) a cambio de un trato preferencial se han duplicado en los últimos 10 años. Más del 80% asegura que las autoridades de la prisión exigieron a su familia dinero a cambio de que les llevaran comida al interior de la cárcel y el 57% solamente por entrar al penal. Otros tantos —un 76,4%— desconocían sus derechos a la hora de su juicio. Seis de cada 10 de los internos en las prisiones de la Ciudad de México y el Estado de México, la tercera aglomeración más grande del mundo según la ONU al concentrar a más de 20 millones de habitantes, han sido condenados por robo simple.
Siete de cada 10 de los reclusos tienen hijos, la gran mayoría no ha cumplido los 30 años y vienen de familias pobres. Son los condenados de un sistema judicial con tal nivel de desconfianza que nueve de cada 10 delitos cometidos en México no se denuncian. Los datos los aporta el CIDE y forman parte del proyecto internacional Poblaciones carcelarias en Latinoamérica, que analiza prisiones de Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú.
“La mayoría de los presos, además, no entendieron sus derechos al momento de ser enjuiciados. En 2013, la cifra ascendió a un 76,4%. La incomprensión del proceso es grave porque “no sólo se refiere a la incapacidad de establecer una interacción adecuada y una defensa racional, sino también a una falta de comprensión de los mecanismos institucionales”.
Durante sus juicios, la mayoría de los detenidos no pudieron hablar a solas con sus familiares y amigos (el 64,6%) y, ya en la cárcel, con su abogado defensor (un 59,1%). El 86,1% desconocía que tenía el derecho de pedir libertad condicional.
Quizás estos comentarios expliquen el porqué de esos hechos de Nuevo León. Es urgente modificar el sistema carcelario, introducir normas legales y de convivencia humana que se cumplan en las prisiones para que sea posible una verdadera rehabilitación social. El bronco ya va perdiendo.