Casi siempre, en los casos complicados de la seguridad y relacionados con los delitos, se recurre al recurrente apoyo regional o nacional, independientemente de las instancias establecidas por la propia ley. Es un recurso sistemático que refleja las deficiencias en casi todos los niveles de Gobierno.
Eso ha ocurrido con el expediente del asesinato del ex gobernador Silverio Cavazos que, por las implicaciones políticas del caso para las autoridades y sobre todo por la fecha en que se realizó el crimen, será cada día más difícil su solución.
Las contradicciones entre las diversas autoridades que han intervenido hacen poco confiable la retrasada solución al involucrar cada día que pasa a un mayor número de personas relacionadas con actividades criminales en otros estados del país, Es decir, hay una lectura inductiva para señalar que son implicaciones nacionales, cuando el ex gobernante sólo se destacó en acciones locales.
Éste y otros casos son manejados por intereses nacionales que, entre otras cosas, pretenden manejar los asuntos políticos de los estados que difieren de la preferencia política de la Presidencia de la República. En efecto, la intención del Gobierno por centralizar la Policía tiene propósitos políticos, así como el manejo de otras fuerzas federales para coaccionar las decisiones electorales. Es decir, los políticos fallecidos de un solo partido político en el país, y ése pertenece al opositor principal de Felipe Calderón.
Esta sospecha crece cada día más a falta de aciertos del partido en el poder, por lo cual es indiscutible que Calderón es líder también de su partido, además de presidente en funciones.
La intimidación puede jugar un papel importante en el proceso electoral, si los mexicanos se dejan llevar por una estrategia fallida que hasta ahora no ha dado resultado, y ésta se ha dirigido a Michoacán por el control perredista, independientemente de la división pretendida en el caso del Estado de México. Para los estados claves e importantes, reventar el proceso es la solución última.
El estado de Colima, pareciera que no es tan importante dada la administración plural” que nos gobierna, desde el punto de vista de una sucesión priísta y por las profundas divisiones del PAN y del PRD local y nacionalmente, sería un factor que impida un cambio de partido en el Gobierno local.
La intromisión del Gobierno federal en las fuerzas policiacas locales, podrían ser una escalada dirigida hacia otros propósitos no necesariamente enfocada a la seguridad pública que, a partir de los cambios efectuados, los índices van en aumento.
La exclusión de políticos no afines a algunos funcionarios, de parte de los priístas, confirman el deseo de fractura y confusión que será determinada en la elección del 2012 y antes tal vez con la elección del Estado de México.
Al no lograrse la estabilidad y el equilibrio entre las fuerzas vivas locales, en el Estado de Colima subyace la amenaza de muchas lagunas jurídicas que nos pueden llevar a la ingobernabilidad.