De entrada, la tan Agencia Federal de Investigación (AFI) creada por decreto del Ejecutivo federal en noviembre de 2001, ideada por el actual secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y anunciada como la desaparecedora de la Policía Judicial Federal, como parte de la estructura de la PGR, se fue diluyendo con el paso de los años para cederle facultades investigadoras a la Policía Federal Preventiva –hoy sólo Policía Federal para quitarle la limitante de ser responsable sólo de prevenir los delitos-.
De manera inesperada, el propio García Luna se encargó de desmantelar a la AFI, en septiembre de 2008, argumentando que ahí la corrupción prevalecía y armó un operativo en sus instalaciones de la colonia Lomas de Sotelo. La PFP, que se supone no tenía que investigar, paradójicamente estaba sometiendo a los verdaderos investigadores.
En mayo de 2009, a partir de una serie de modificaciones a ordenamientos internos de la PGR, se decidió transformar a la AFI en Policía Federal Ministerial, cuyas diferencias con la primera nunca se explicaron ni trascendió como grupo policiaco en los reportes de resultados de las corporaciones federales.
No obstante, la disolución de los “afis” como tales nunca quedó concretada, hecho que nunca se explicó, por lo que actualmente siguen existiendo en el país grupos de trabajo que aparecen, firman documentación y utilizan uniformes como integrantes de la Agencia Federal de Investigación.
Marisela Morales, todavía titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), se enfrentaría, de ser nombrada procuradora general de la República, a un segundo problema: encabezar una institución castigada en recursos y herramientas para trabajar en tiempos en los que el combate al narcotráfico y el crimen organizado son prioridad del gobierno calderonista.
Pese a que el Congreso de la Unión autorizó incrementos presupuestales para las áreas federales encargadas de enfrentar a la delincuencia para el presente 2011, el caso de la PGR difirió de la mayoría de esas instituciones, pues cuenta apenas con 11 mil 997 millones de pesos para trabajar, que representan 72 millones menos de los que le aprobaron para el año pasado, frente al incremento de dinero que sí tuvieron las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, que trabajan con 50 mil 039 millones y 18 mil 270 millones de pesos, respectivamente.
