José Manuel Romero Coello, autor del punto de acuerdo, señaló que al carecer el país de una ley federal sobre justicia para adolescentes, no existe legislación que determine la rehabilitación de los menores infractores de delitos del fuero federal.
Estimó que esa situación vulnera la legalidad y seguridad jurídica de los adolescentes que infringen la ley penal federal, puesto que independientemente de que tengan dicha calidad, la Carta Magna les otorga derechos, y más aun derechos que emanen de normas especializadas, expedidas por autoridad competente.
Romero Coello mencionó que ha transcurrido en exceso el término de un año que se concedió a la Federación para la creación de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, incumpliendo así con un mandato Constitucional, y violentando en consecuencia los derechos de un sector vulnerable, como lo es una persona menor de edad o adolescente.
Manifestó que el Congreso del Estado de Colima ya cumplió a cabalidad con lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Mexicana, siendo ahora el turno del Congreso e la Unión de dar formal cumplimiento al orden Constitucional.
Recordó que la reforma al artículo 18 de la Constitución Mexicana, señala que la Federación, Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un Sistema Integral de Justicia, que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tenga entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.
Esta situación debió ocurrir a más tardar el 12 de septiembre del año 2006, fecha en la que en Colima entró en vigor la Ley que Establece el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado de Colima, la cual fue aprobada por el Congreso del Estado el 22 de agosto del 2006.
