De acuerdo a la información recopilada por la Agencia Proceso los cárteles de Sinaloa y del Golfo desarrollaron una estrategia política de gran alcance con la que buscan aceptación social y ser vistos como grupos benefactores, sobre todo en Michoacán, la principal puerta de acceso al codiciado Pacífico mexicano.
Mediante sobornos, labores de convencimiento o amenazas de muerte, estos grupos de narcos han incorporado a sus redes criminales a presidentes municipales, síndicos, regidores y tesoreros en por lo menos veinte municipios del estado, de los 113 que lo componen, la mayoría de ellos colindantes con Guerrero, Colima y Jalisco, plazas históricamente en disputa.
Valiéndose de sus influencias y poder político, así como de las tradicionales amenazas, los dos cárteles han empezado también a controlar a la prensa local, la cual ya no cubre nada de la guerra del narco, debido a que varios reporteros han recibido amenazas de muerte o han sufrido levantones para censurarlos o acallarlos.
Por lo que reporteros han dejado de cubrir dicha información, mientras que con dinero, han conseguido poner a su servicio a buena parte de los policías municipales y comandantes, en cuyas plazas la droga corre sin freno por miedo o complicidad, que se traducen en silencio.
Y por si fuera poco, ambos grupos criminales financian las campañas políticas de al menos 10 candidatos a presidentes municipales, tanto del PRI como del PAN y del PRD, con intereses muy claros, ya que, según el informe conseguido por dicha revista, los cárteles sólo desean mantener sus controles en los municipios que dominan y algo más…
