Por: Eric Ramírez*
Ha cobrado mucha fuerza y notoriedad la iniciativa conocida popularmente como #3de3. En un proceso de simplificación para socializar el tema con la finalidad de obtener la simpatía de la opinión pública, y la consecuente e indispensable firma de respaldo de las mayorías para darle legitimidad y viabilidad a la propuesta, ha permeado únicamente el que esta propuesta consiste en que los servidores públicos presente 3 tipos de declaraciones: la fiscal, patrimonial y de intereses.
Pero esta iniciativa, por lo visto en el portal que la define, va mucho más allá de eso. Evidentemente lo relativo a las declaraciones es lo que más se ha difundido sobre el contenido del #3de3. Esta modalidad de declaraciones, es sin duda un ejercicio que si tuviera veracidad y fuera auditado por las autoridades competentes, brindaría un cúmulo indispensable de herramientas para que el ciudadano pueda tomar informadamente una decisión electoral, siendo un elemento a evaluar , además del desempeño de un representante popular, el saber a cuánto asciende su patrimonio, vigilar la evolución y crecimiento del mismo durante su mandato, así como comparar el patrimonio que ostenta al finalizar su responsabilidad política con el que tenía al inicio de su ejercicio, todo lo anterior con fines de acreditar o no la honradez y honestidad de los mismos. Para poder así ratificarle su confianza mediante el voto para su reelección o negárselo por insatisfacción del representado, por haber faltado a su probidad y confianza o por ambas.
Y es que en un país en el que la corrupción “es uno de los principales problemas públicos en México. De acuerdo con el Índice de percepción de 2015 de Transparencia Internacional, el país se ubica en el lugar 95 de 1651 en un orden descendente de los menos a los más corruptos. El Banco de México y el Banco Mundial coinciden en que la corrupción equivale al 9% del Producto Nacional Bruto; El INEGI calcula que alcanza un monto de 347 mil millones de pesos al año”, esto según la exposición de motivos de la propia iniciativa, y aunado al amplio margen de impunidad que señala que solo 1 de 100 delitos son sancionados, permite que exista un amplio clamor popular porque se implementen los mecanismos necesarios para impedir que los que pasen por los cargos públicos salgan millonarios, y que a los ciudadanos no les quede más que dejar que les hierva la sangre de coraje al ver la creación de los nuevos ricos al amparo del poder en plena impunidad.
Aclarado lo anterior, primero habrá que señalar que la iniciativa #3de3 no pretende una reforma legal, sino impulsar una ley general en el que se establezca un cuerpo normativo con el andamiaje, los principios, y lineamientos generales de combate y prevención a la corrupción en México.
Segundo, el que pueda avanzar esta iniciativa, es una verdadera prueba de ácido a los mecanismos de participación ciudadana directa, o democracia directa establecidos en una de las 2 reformas políticas realizadas a nuestro orden legal durante los últimos 5 años. En la primera de ellas: a la iniciativa ciudadana, consulta popular, y candidaturas independientes. Sin embargo, estas herramientas que surgieron para poder brindar a la ciudadanía mecanismos para participar sin intermediación de sus representantes populares ante la crisis de legitimidad de los mismos, solo han sido utilizadas por los mismos verdugos que provocaron su nacimiento: ¡Los partidos políticos!
Recordamos así que quienes pretendieron estrenar la consulta popular fueron Morena con su fallida consulta sobre la Reforma Energética; y el PRI, con la malograda y populista consulta sobre la eliminación de las pluris. Ambas desechadas posteriormente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si de ahí nos vamos a las candidaturas independientes, habremos de encontrar que fueron los mismos exmilitantes de los partidos políticos tradicionales quienes utilizaron esta figura para poder nuevamente acceder al poder, ya sin el yugo ni presión de los intereses de los partidos a los que anteriormente pertenecían, siendo la excepción a esto, la candidatura del joven Pedro Kumamoto, ciudadano que nunca había militado en partido político alguno.
El que la conocida “Ley 3 de 3” avance y vea la luz, el que reúna las firmas indispensables para poder acceder al proceso legislativo federal por la vía de la iniciativa ciudadana, y posteriormente sea discutida y aprobada por los poderes involucrados en dicho proceso (legislativo y ejecutivo federal) , será un claro ejemplo de que efectivamente una causa ciudadana puede ser llevada a la realidad, y al orden jurídico mexicano, con , sin o a pesar de los protagonistas del poder, y de los partidos mismos. Es ese el trasfondo del asunto.
*Licenciado en Derecho por la UNAM, Diplomado en Prevención del Delito por la Universidad de Chile, Locutor, y Presidente de la Asociación Civil “Estrategia 20-21”.