*Anuncian que también procederán civilmente.
Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS
Tecomán, Col.- Los 17 trabajadores de confianza del Ayuntamiento de Tecomán que fueron señalados como sancionados por el OSAFIG en la página web de este organismo, presentaron una denuncia formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que consideraron que exponer sus nombres sin atravesar un proceso de sentencia vulnera la imagen de su trabajo ante familia y amigos, generando un descrédito sin haberse defendido antes.
Los trabajadores se presentaron ayer lunes en las oficinas de la CEDH donde fueron atendidos por su titular, Hermilo Flores Arias, a quien le externaron que de acuerdo al informe que apareció en el portal de la OSAFIG, se exponen nombres, apellidos y sanciones, aun cuando no ha iniciado un procedimiento ante la comisión de responsabilidades del Congreso del Estado.
La queja, explicó el secretario de la comuna tecomense Salvador Ochoa Romero, se presentó en contra del titular de la OSAFIG, así como del diputado presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, el también tecomense Santiago Chávez Chávez. “El diputado habló de deshonestidad y mal manejo de recursos públicos, los está juzgando como culpables y es un hecho grave porque existen en la constitución, tratados y leyes una presunción de inocencia, misma que todos los ciudadanos pueden ver cuando en los medios, cuando se detiene a una persona, se le cubre la cara, así que es claro que no se puede considerar culpable hasta que se concluya con una sentencia”.
Enfatizó que los 17 trabajadores, sin haber sido oídos y vencidos en juicio, “se les está señalando como culpables al grado de que sus familiares, amigos y vecinos les han estado preguntando sobre esas afirmaciones; señalándolos de manejo desordenado de recursos, porque ya se está yendo más allá de las facultades que da la ley, se les culpa públicamente”.
Mencionó que aun cuando la OSAFIG manifieste un ejercicio de transparencia y argumente que existe una ley que los obliga, también es muy claro que esta ley no los obliga a poner nombres y apellidos de las personas, “lo que hace grave la situación, de tal manera que al dar a conocer sus nombres se da por hecho la sanción”. Comparó la situación con los listados de morosos que se tienen en conceptos de predial en los Ayuntamientos. “El municipio abre un proceso administrativo, pero nunca se dan a conocer los nombres, porque estaríamos vulnerando a terceros”.
En ese sentido, también anunció que los 17 inconformes piensan presentar una demanda civil, tanto al titular de OSAFIG, Carlos Armando Zamora González, como contra el diputado Santiago Chávez por reparación moral del daño.
Ochoa Romero puntualizó, por último, que se está pidiendo a la Comisión haga la recomendación a estos dos servidores públicos para no sacar a la luz pública señalamientos que no tengan sustento de resolución. “Porque de lo contrario se promueve este tipo de daño, no nos dejaron ni ofrecer pruebas, ni demostrar su inocencia”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Sabino Hermilo Flores Arias, destacó que recibió la queja de acuerdo a lo que marca el procedimiento, el paso siguiente es el análisis de los hechos para proceder a la integración del expediente, “una vez que se tenga admitido, se giran oficios a las autoridades señaladas como responsables, quienes tendrán un plazo de 8 días sobre los hechos señalados; una vez rendidos los informes, se le da vista a la parte quejosa, los analicen y tengan oportunidad de argumentar dónde no están de acuerdo y ofrecer las pruebas que sustenten los dichos que están planteando”.
El ombudsman declaró que se tendrá que proceder al análisis final y, de encontrar que el acto denunciado es una genuina violación a sus derechos, se deben emitir las recomendaciones. “De no ser así, se emiten documentos de no responsabilidad, salvo que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio y no llegar a una determinación final”.
Por el momento, dijo que solamente se recibió la queja, “necesitamos analizar los documentos para ver quiénes son los funcionarios que están siendo señalados y solicitar un informe, que no sería propiamente un citatorio”.