VENTANA POLÍTICA

Por: Guillermo Montelón Nava

Durante décadas se ha repetido que la educación es el motor del desarrollo. Sin embargo, en México esa frase ya es un simple lugar común, pues el sistema educativo atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente. Lo preocupante no es únicamente el deterioro de los indicadores de aprendizaje, sino la normalización del fracaso educativo como si fuera una condición inevitable del país.

Hoy convergen múltiples factores que revelan el agotamiento del modelo educativo: bajos niveles de aprovechamiento escolar, deficiente infraestructura, disminución de la cobertura en diversos niveles, incremento de la deserción, creciente desigualdad entre escuelas urbanas y rurales, politización de los contenidos educativos y una preocupante ausencia de políticas públicas de largo plazo. Y es que la educación dejó de ser una prioridad estratégica para convertirse en un instrumento de disputa política e ideológica, incluso de manipulación.

La infraestructura escolar tampoco escapa al deterioro. Miles de planteles operan con aulas improvisadas, mobiliario insuficiente, sanitarios en malas condiciones, falta de conectividad digital y laboratorios inexistentes. Mientras el mundo habla de inteligencia artificial, robótica y educación digital, numerosas escuelas mexicanas siguen enfrentando problemas tan elementales como el suministro de agua potable, electricidad o acceso a internet.

La cobertura educativa también presenta señales de alarma ya que en preescolar la cobertura cayó de 72 a 64 por ciento, en primaria de 99 a 96 por ciento, en secundaria del 97 a 94 y en bachillerato de 85 a 74 por ciento. La pobreza, el trabajo infantil, la violencia, la inseguridad y la falta de expectativas laborales empujan cada año a cientos de miles de jóvenes fuera de las aulas.

Uno de los factores estructurales más complejos continúa siendo la relación entre el Estado y los sindicatos magisteriales. Históricamente, tanto el sindicato oficial como las organizaciones disidentes han acumulado un enorme poder político que ha desplazado el interés superior de la educación. Las negociaciones salariales, las disputas por plazas, los bloqueos, los paros laborales y las movilizaciones terminan afectando a millones de alumnos que permanecen semanas o incluso meses sin clases.

No se trata de desconocer los derechos laborales del magisterio ni de minimizar las condiciones adversas en las que trabajan miles de docentes. La mayoría realiza su labor con enorme compromiso pese a salarios insuficientes, sobrecarga administrativa y falta de materiales. El problema radica en que las dirigencias sindicales y los gobiernos, han privilegiado acuerdos de conveniencia antes que una auténtica transformación de la calidad educativa.

La controversia alrededor de los nuevos libros de texto gratuitos evidenció otro problema de fondo: la creciente ideologización del sistema educativo. Los contenidos escolares deben construirse con rigor científico, pluralidad, participación de especialistas y transparencia, porque la educación pertenece a toda la sociedad, no al gobierno en turno.

A ello se suma la desaparición o debilitamiento de mecanismos independientes de evaluación educativa. Sin información objetiva sobre el desempeño de alumnos, maestros y escuelas resulta prácticamente imposible diseñar políticas públicas eficaces. Lo que no se mide difícilmente puede corregirse.

Las consecuencias económicas de esta crisis comienzan a hacerse visibles. Un país que forma trabajadores con menores competencias tendrá inevitablemente menor productividad, salarios más bajos y una capacidad reducida para atraer inversiones de alto valor agregado. Las empresas demandan capital humano especializado, pensamiento crítico, dominio tecnológico e innovación; justamente las capacidades que el sistema educativo mexicano está teniendo dificultades para desarrollar de manera generalizada.

En el mediano plazo, la educación deficiente alimentará un círculo perverso de bajo crecimiento económico, mayor desigualdad y escasa movilidad social. Millones de jóvenes enfrentarán empleos precarios, alta informalidad o migración forzada porque el sistema educativo no logró proporcionarles las herramientas necesarias para competir en un mercado laboral cada vez más exigente.

Las repercusiones sociales son igualmente preocupantes. La falta de oportunidades educativas incrementa la vulnerabilidad frente al crimen organizado, fortalece los ciclos de pobreza intergeneracional, amplía las brechas regionales y debilita la cohesión social. Donde fracasa la escuela suelen encontrar terreno fértil la violencia, la exclusión y la desesperanza.

La irrupción de la inteligencia artificial, la automatización y la economía digital vuelve todavía más urgente una transformación profunda. 

La educación debería constituir un gran acuerdo nacional que trascienda sexenios, partidos políticos y gobiernos. Requiere inversión sostenida, evaluación permanente, profesionalización docente, fortalecimiento de la infraestructura, participación de las familias, incorporación intensiva de tecnologías y una visión estratégica que coloque el aprendizaje por encima de cualquier interés político.

El tema merece mayor atención de toda la sociedad ya que el mayor riesgo está en una sociedad deja de indignarse por el deterioro de su educación y que renuncia silenciosamente a velar por el futuro de sus hijos.

México aún está a tiempo de corregir el rumbo para ver en la educación no un gasto presupuestal ni una bandera política, sino la inversión más importante que puede hacer un país para garantizar su desarrollo, su libertad y su porvenir.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.