VENTANA POLÍTICA

Por: Guillermo Montelón Nava

En política, los gobiernos no siempre son juzgados por los delitos que cometen sus integrantes, sino por la manera en que reaccionan cuando esos delitos comienzan a investigarse. Esa es hoy la verdadera prueba para el gobierno mexicano por el caso de sus narco políticos y huachicoleros.

Nunca antes la relación entre México y Estados Unidos había estado marcada por un nivel tan alto de desconfianza en materia de seguridad, combate al narcotráfico y Estado de derecho. Y es que ya es una larga lista de morenistas que están siendo señalados por sus vínculos criminales.

Las declaraciones judiciales de algunos líderes del narcotráfico detenidos o entregados a la justicia estadounidense, así como los testimonios que han trascendido de personas vinculadas a esas investigaciones, si bien por sí solos, no equivalen a una sentencia ni sustituyen el debido proceso, sí representan elementos que la 4t está obligada a investigar con independencia, transparencia y rigor.

Sin embargo, la percepción pública es otra. El gobierno federal ha privilegiado la defensa política de integrantes de Morena antes que el esclarecimiento pleno de las acusaciones y eso solo fortalece la idea de que, la prioridad no es proteger la legalidad, sino proteger al movimiento. Lo que induce a la sospecha, cada vez más solidad, de complicidad.

En ese contexto resulta claro que la reciente confrontación discursiva con el exembajador estadounidense Ken Salazar tiene como fondo el intento por desplazar la conversación pública hacia un conflicto político más rentable pues permite cambiar el eje de la discusión: ya no se habla de las investigaciones, de los testimonios, de los expedientes abiertos o de la cooperación judicial, sino de la soberanía nacional y de una supuesta intromisión extranjera.

Es una estrategia conocida en la política: cuando los costos internos aumentan, se construye un adversario externo. El nacionalismo funciona como un recurso de cohesión y movilización. Pero también tiene límites. Los mercados financieros, los inversionistas y los gobiernos socios no toman decisiones con base en discursos, sino en la percepción de riesgo institucional. Y es ahí donde los mexicanos perdemos.

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya no depende exclusivamente de variables comerciales. Hoy la seguridad pública, la fortaleza del Estado de derecho, el cumplimiento de los contratos, la certeza jurídica y la confianza en las instituciones forman parte del análisis estratégico de Washington y Ottawa.

Es por eso que las autoridades estadounidenses concluyen que existen riesgos sistémicos derivados de la infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales, y por ello prefieren una supervisión más frecuente del tratado, acompañada de evaluaciones periódicas sobre seguridad, legalidad y cumplimiento de compromisos, sería consistente con una lógica de administración del riesgo.

Aunque el T-MEC continúe vigente, un entorno de revisiones más estrictas incrementa la incertidumbre para los inversionistas. Los grandes proyectos industriales no se planean a un año; requieren horizontes de estabilidad de diez o veinte años. Si las reglas del principal acuerdo comercial de México pasan a ser sujetas a una evaluación política constante, el atractivo de inversión disminuye.

Las consecuencias económicas serían graduales, pero profundas.

En el corto plazo podría observarse una mayor cautela en nuevas inversiones, un aumento en las primas de riesgo, mayores costos financieros para empresas y gobierno, así como una depreciación recurrente del peso frente a episodios de tensión bilateral. También podrían retrasarse decisiones estratégicas relacionadas con el fenómeno del nearshoring, precisamente cuando México había logrado posicionarse como uno de sus principales beneficiarios.

En el mediano plazo los efectos podrían ser aún más delicados. Menor inversión significa menor crecimiento económico. Menor crecimiento implica menos empleo formal, menor recaudación fiscal y menores recursos para infraestructura, educación, salud y seguridad. El país entraría así en un círculo en el que la incertidumbre institucional alimenta la debilidad económica, y ésta, a su vez, limita la capacidad del Estado para enfrentar los problemas que originaron la desconfianza.

La paradoja es evidente. El gobierno insiste en defender la soberanía nacional frente a presiones externas. Pero la soberanía no se fortalece mediante discursos de confrontación; se fortalece construyendo instituciones capaces de investigar sin excepciones, sancionar sin distingos partidistas y garantizar que nadie esté por encima de la ley.

México necesita demostrar que su sistema de justicia puede responder con autonomía tanto a las denuncias formuladas dentro del país como a la información que proviene de sus socios internacionales. Negarse a investigar con seriedad o transmitir la impresión de que determinadas figuras políticas gozan de protección institucional e impunidad, no fortalece al Estado; lo debilita.

El costo más alto de esta estrategia no será político, sino económico. Los capitales internacionales no distinguen entre discursos ideológicos; distinguen entre certidumbre e incertidumbre. Cuando perciben que el poder político antepone la lealtad partidista al funcionamiento imparcial de las instituciones, ajustan sus decisiones en consecuencia. Y la factura terminará pagándose en menor inversión, menor crecimiento y menos oportunidades para millones de mexicanos. Y ese, es otro de los grandes daños de la 4T o Morena.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.