La educación superior, otra deuda de la 4T: el Tecnológico de Colima lo demuestra

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VENTANA POLÍTICA

Por: Guillermo Montelón Nava

El deterioro de las instituciones públicas, la reducción de los apoyos a la investigación y la falta de inversión en infraestructura ponen en entredicho el discurso de transformación educativa. La protesta estudiantil en el Tecnológico de Colima exhibe un problema que va más allá de una dirección cuestionada: la responsabilidad del Estado con la educación superior.

La educación superior en México atraviesa una etapa que merece una revisión profunda. Mientras el discurso gubernamental de la Cuarta Transformación insiste en presentar la educación como uno de los pilares de su proyecto de nación, la realidad de numerosas universidades e instituciones tecnológicas refleja una problemática que no puede ocultarse detrás de las becas, los programas asistenciales o las declaraciones oficiales.

La contradicción es evidente. Mientras se dice que se va a crecer económicamente, atraer inversiones, elevar la competitividad y resolver sus grandes problemas sociales, vemos que cada vez hay menos universidades sólidas, menos investigadores y menos jóvenes con oportunidades de formación de alto nivel. De hecho, durante los gobiernos de Morena, las políticas de austeridad y las decisiones presupuestales han colocado a la educación superior en crisis.

Y es que el problema en la educación superior no puede convertirse en la variable de ajuste de las finanzas públicas, mucho menos cuando de ella depende buena parte de la capacidad científica, tecnológica y profesional que México necesita para enfrentar los desafíos del futuro.

Los datos presupuestales permiten dimensionar el problema. De acuerdo con documentos oficiales de la Subsecretaría de Educación Superior, entre 2018 y 2021 el presupuesto real de diversas instituciones federales registró disminuciones importantes. En ese periodo, el Instituto Politécnico Nacional perdió 1.7% y la Universidad Pedagógica Nacional 11.6%, mientras que el conjunto de instituciones federales enfrentó restricciones financieras 

La tendencia tampoco ha quedado atrás. Una revisión publicada por El Universal en septiembre de 2026, con base en el Segundo Informe de Gobierno, señala que el presupuesto aprobado para educación superior y posgrado pasó de 190 mil 662.7 millones de pesos ejercidos en 2025 a 186 mil 33.4 millones aprobados para 2026, una reducción de 2.4%, pese al incremento de 240 mil 687 estudiantes en licenciatura y posgrado. El dato más preocupante es que el gasto estimado por estudiante también disminuyó. 

Es decir, hay más jóvenes buscando acceder a la educación superior, pero los recursos disponibles no crecen al mismo ritmo. Esta situación plantea una contradicción de fondo: ampliar la matrícula sin fortalecer la capacidad de las instituciones puede traducirse en grupos saturados, instalaciones insuficientes, laboratorios sin equipamiento adecuado, dificultades para contratar personal académico y menores oportunidades para desarrollar proyectos de investigación.

En este contexto, lo que sucede en el Instituto Tecnológico Nacional de México, campus Colima, merece especial atención. Las manifestaciones estudiantiles que iniciaron el 17 de noviembre no puede reducirse a un conflicto administrativo ni a una inconformidad pasajera contra el director, Hugo Ernesto Cuéllar Carreón. Es una expresión de inconformidad de estudiantes que consideran que las condiciones de su institución no corresponden con las necesidades de una formación profesional digna y de calidad.

Los reportes periodísticos sobre la movilización dan cuenta de denuncias por deterioro de edificios, filtraciones en techos, sanitarios fuera de servicio, problemas de limpieza, falta de agua y deficiencias en los sistemas de aire acondicionado. Los estudiantes también exigieron la destitución del director y una revisión del manejo de los recursos asignados al plantel, ante presuntas irregularidades que deberán investigarse y acreditarse por las instancias correspondientes. 

Los estudiantes tienen derecho a exigir instalaciones funcionales, servicios adecuados y transparencia en el manejo del dinero público. Y las autoridades tienen la obligación de informar, documentar y explicar cómo se distribuyen y ejercen los recursos, pero hasta ahora ninguna autoridad ha salido a dar la cara, menos a explicar cómo se atenderán esas demandas.

Lo que corresponde ahora es una auditoría o revisión integral que permita conocer el presupuesto autorizado, los recursos efectivamente recibidos, los gastos realizados y las condiciones en que se encuentra el patrimonio institucional. También debe abrirse una investigación administrativa imparcial sobre las denuncias estudiantiles y establecerse, con base en sus resultados, las responsabilidades que correspondan. 

Pero sería un error pensar que la solución termina con el cambio de una autoridad. Si el problema también tiene raíces presupuestales, administrativas y de supervisión, será necesario corregirlas para evitar que la misma situación vuelva a repetirse.

El desarrollo de la educación y la ciencia va más allá de la ampliación de becas y de la creación de nuevas instituciones. Los apoyos económicos a los estudiantes son importantes, pero no sustituyen la responsabilidad gubernamental de ofrecerles universidades con instalaciones dignas, maestros preparados, laboratorios equipados y programas académicos competitivos.

La protesta de los estudiantes del Tecnológico de Colima nos hace preguntar: ¿de qué sirve hablar de transformación nacional si se descuida la formación con calidad y excelencia de quienes tendrán que construir el México del mañana?

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.