*También señala a 12 gobernadores del país por presuntas acciones relacionadas con las mismas circunstancias.
Alfredo Quiles Cabrera| CN COLIMANOTICIAS
Colima, Col.- El partido político “Somos” presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una queja en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de 12 gobernadores, en donde se incluye a la mandataria de Colima, Indira Vizcaíno Silva, y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, “por presunta intervención en el proceso electoral de 2027”.
De acuerdo con la información difundida por diversos medios de comunicación social, portales informativos, y del propio Partido “Somos”, se solicitó al INE medidas cautelares para impedir que utilicen sus cargos públicos para pronunciarse a favor o en contra de partidos políticos”.
“Saquen las manos de las elecciones”, exigió el partido “Somos”.
“No vamos a permitir la normalización de la violación sistemática de la Constitución. No vamos a permitir la construcción de procesos ilegales”, afirmó.
La denuncia también está dirigida contra los gobernadores de Sinaloa, Tlaxcala, Tabasco, Colima, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Yucatán, Durango y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Es de señalar que el pasado 6 de noviembre, al menos 15 gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que se dieran a conocer presuntas irregularidades en la contratación de materiales y servicios electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante las cuales un grupo de empresas habría concentrado contratos millonarios durante más de dos décadas.
A través de mensajes en redes sociales y pronunciamientos institucionales, los mandatarios de Campeche, Baja California, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Colima, Yucatán, Chiapas, Morelos, Sinaloa, Oaxaca y San Luis Potosí se sumaron a la postura presidencial de investigar posibles actos de corrupción y determinar responsabilidades en las actuales y anteriores administraciones del organismo electoral.
Entre los posicionamientos, los gobernadores coincidieron en que la autonomía del INE no debe impedir la transparencia ni la fiscalización de los recursos públicos, por lo que consideraron necesario esclarecer las posibles irregularidades en la asignación de contratos.
Los pronunciamientos se produjeron después de que se expusieran posibles irregularidades en los procedimientos de contratación del INE, relacionadas con la adquisición de materiales y servicios utilizados en procesos electorales.
