Por: Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu
México ha emprendido una ambiciosa reorganización institucional para acelerar la digitalización del Estado. La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), con rango de Secretaría y liderada por José Antonio Peña Merino, busca integrar en un solo ente la agenda de gobierno digital, telecomunicaciones y radiodifusión. La reforma constitucional de diciembre de 2024 y su instalación en 2025 marcaron un parteaguas: el país optó por concentrar funciones que antes estaban dispersas, con el objetivo declarado de reducir costos, evitar duplicidades y dar coherencia a la política digital. Recientemente, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado una serie de medidas que materializan el enorme poder de esta agencia.
El catálogo de atribuciones de la ATDT se ha ampliado notablemente en los últimos meses, abarcando desde la regulación de contenidos hasta la infraestructura tecnológica de vanguardia. En materia de entornos digitales seguros, la presidenta anunció un decreto que obliga a las redes sociales y plataformas a detectar, reportar y eliminar contenidos violentos, discursos de odio o de riesgo para la niñez y la adolescencia. Esta medida, impulsada por la ATDT, busca proteger a los sectores más vulnerables, pero también abre un debate necesario sobre los límites de la moderación de contenidos y la libertad de expresión.
En el ámbito tecnológico, la Agencia puso en marcha una Fábrica de Inteligencia Artificial, con un equipo técnico dedicado a desarrollar modelos aplicados a la mejora de trámites y servicios públicos. A la par, se anunció la supercomputadora “Coatlicue”, proyectada como la de mayor capacidad en América Latina. Estas iniciativas representan un avance significativo hacia la soberanía tecnológica y la modernización administrativa, aunque implican una fuerte inversión pública y la necesidad de protocolos de ciberseguridad sumamente robustos.
Asimismo, se presentó la Ley de Economía Digital, diseñada para agilizar pagos electrónicos (SPEI, CoDi) y fomentar la formalización y cobros de pequeños comercios desde el celular. Esta medida tiene un alto potencial de inclusión financiera. Finalmente, se determinó que la ATDT participará en la revisión de inversión extranjera, evaluando proyectos de capital foráneo relacionados con infraestructura estratégica nacional, lo que añade una capa de seguridad económica, pero también de control estatal sobre sectores clave.
El origen de estas facultades está indisolublemente ligado a la desaparición de órganos autónomos. Con la reforma, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) dejó de existir y sus atribuciones regulatorias fueron absorbidas por la ATDT. En paralelo, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) fue eliminada, y sus funciones de simplificación administrativa quedaron bajo el control de la nueva Agencia, que ahora emite los lineamientos para cada trámite y se califica a sí misma. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) también fue extinguido, y sus facultades de protección de datos en el sector privado se trasladaron a una unidad administrativa del Ejecutivo. En conjunto, estas medidas buscan un Estado más ágil, pero generan un modelo con mayor concentración de facultades en el Poder Ejecutivo. La concentración de tanto poder también plantea retos institucionales que conviene atender con seriedad. Cuando una sola agencia norma, opera, supervisa y sanciona, los contrapesos se debilitan.
La ATDT no solo regula el espectro radioeléctrico y supervisa la radiodifusión; también coordina la identidad digital nacional, administra el registro de usuarios de telefonía móvil, impulsa la firma electrónica Llave MX y participa en la regulación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Es decir, maneja infraestructura crítica, datos personales y servicios esenciales para millones de mexicanos. La acumulación de atribuciones tiene ventajas evidentes: permite una ventanilla única, reduce la dispersión presupuestal, facilita la interoperabilidad y otorga al Estado mayor capacidad de negociación frente a proveedores extranjeros. Para la ciudadanía, bien implementada, podría traducirse en trámites más simples y servicios más rápidos. Sin embargo, la concentración de tanto poder plantea retos institucionales serios.
El tema más sensible es la protección de datos personales. La ATDT concentra información crítica: la CURP digital, datos biométricos, registros de telefonía, credenciales de identidad digital y ahora los datos derivados de la Fábrica de IA. Si bien la agencia ha señalado que no almacena biométricos en ciertos procesos, la centralización de datos siempre incrementa el riesgo de filtraciones, robo de identidad y usos secundarios no autorizados. La desaparición del INAI dejó un vacío en la defensa autónoma de la privacidad, y aunque existen instancias administrativas, la ciudadanía pierde un garante especializado con capacidad de resolver controversias de manera independiente.
Para que la ATDT cumpla su promesa sin sacrificar derechos, se requieren salvaguardas concretas: transparencia proactiva, auditorías independientes, seguridad cibernética robusta, limitación de finalidad en el uso de datos y vías judiciales efectivas. La eficiencia administrativa no debe confundirse con concentración ilimitada. México tiene la oportunidad de construir un Estado digital moderno, cercano a la gente y capaz de aprovechar la tecnología para mejorar servicios. La creación de la ATDT y sus recientes proyectos son pasos en esa dirección, pero su éxito dependerá de que el poder se ejerza con responsabilidad, de que existan límites claros y de que la privacidad de las personas sea tratada como un derecho, no como un dato más. El reto es modernizar sin perder la confianza ciudadana.
Del catastro digital a la identidad territorial
La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral no es solo un ordenamiento técnico. Construye la capa de datos que une propiedad, territorio e identidad: quién es dueño de qué, dónde está y cuánto vale. Esa es justo la información que la ATDT necesita para su agenda de identidad digital y ventanilla única. Eficiencia deseable, sí, pero con datos sensibles de por medio.
¿Sube el predial? La ley no crea ni modifica tasas. El predial es municipal y se define en la Ley de Hacienda de cada estado y en la Ley de Ingresos del municipio. Ninguna armonización registral puede, por sí sola, elevar el recibo. El efecto es indirecto: al homologar valores catastrales y actualizar padrones, más predios entran y los valores se acercan al mercado. Se amplía la base, y con ella la recaudación. El riesgo real no está en la ley general, sino en la actualización de valores que hagan los municipios y en la tasa que apruebe el cabildo. La ley “pone orden”; el municipio decide cuánto cobra.
Ahí está el punto fino de transparencia. Si la armonización mejora el padrón, el debate público debe exigir que el aumento de recaudación se traduzca en servicios y no en un ajuste silencioso. También conviene vigilar dos riesgos: que la actualización de valores se use como sustituto de una reforma fiscal progresiva, y que el cruce de datos catastrales con identidad digital derive en usos secundarios no autorizados.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.
