Por: Ángel Durán
¿Qué ocurre cuando un tribunal intenta juzgar a un gobernante poderoso y recibe, como respuesta, sanciones contra sus jueces y su funcionamiento? La pregunta dejó de ser temor, para convertirse en una realidad.
enfrentamiento entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional revela una fragilidad que debería preocuparnos: la justicia puede tener autoridad jurídica, pero carecer de protección suficiente frente al poder político.
El 9 de octubre de 2026, Washington incorporó a la propia Corte a su lista de entidades sancionadas.
La medida amplía una política que ya había alcanzado a jueces y fiscales.
El tribunal advirtió que se busca obstaculizar su trabajo e intimidar a quienes colaboran con él.
Expertos independientes de Naciones Unidas alertaron sobre el peligro para el sistema internacional de rendición de cuentas.
¿En qué consisten las sanciones? En bloquear bienes sujetos a jurisdicción estadounidense y restringir operaciones financieras y comerciales con los sancionados.
El régimen también contempla limitaciones de entrada para determinadas personas y familiares.
Sus efectos pueden dificultar pagos, contrataciones y servicios indispensables.
Existen, sin embargo, autorizaciones temporales y excepciones para ciertas operaciones, telecomunicaciones, programas informáticos y pensiones. No todo quedó paralizado inmediatamente.
Una razón expresa es la decisión de la Corte de ordenar, en noviembre de 2024, el arresto de Benjamín Netanyahu y del exministro de Defensa israelí Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, incluido utilizar el hambre como método de guerra.
Son imputaciones pendientes de juicio, no condenas. Washington también rechaza investigaciones que puedan alcanzar a estadounidenses.
Estados Unidos sostiene que ni él ni Israel pertenecen al Estatuto de Roma. Pero ese argumento no agota la discusión: la competencia de la Corte también puede derivar del territorio donde ocurren los hechos. Palestina es Estado parte, y el tribunal ha reconocido su competencia territorial sobre Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. La controversia exige argumentos y procedimientos jurídicos.
El problema trasciende este caso. En numerosos sistemas presidenciales, el Ejecutivo dirige la administración, dispone de recursos y encabeza las fuerzas armadas conforme al orden constitucional.
El Legislativo aprueba leyes y presupuestos. Los jueces dependen, en buena medida, de que otras autoridades ejecuten sus decisiones.
Esa diferencia de instrumentos puede convertirse en una peligrosa desigualdad cuando desaparecen los contrapesos.
La Corte Penal Internacional no es el poder judicial de un gobierno mundial.
Sin embargo, enfrenta una vulnerabilidad comparable: necesita cooperación estatal.
Si una potencia emplea su influencia económica para castigar decisiones judiciales, el mensaje puede extenderse a otros tribunales: investigar al poderoso tiene consecuencias.
La legitimidad judicial tampoco depende únicamente del método de nombramiento.
Elegir jueces mediante el voto, designarlos por concurso o mediante órganos representativos no garantiza, por sí solo, independencia.
Lo decisivo es que puedan resolver con pruebas y derecho, sin temor a represalias.
La sociedad necesita jueces responsables, sujetos a controles y libres de subordinación partidista.
Defenderlos no significa aprobar todas sus resoluciones. Significa exigir que los desacuerdos se tramiten mediante recursos y mecanismos legales.
La crítica pública es legítima; utilizar restricciones económicas para condicionar el ejercicio jurisdiccional amenaza una garantía que pertenece a toda la sociedad.
La respuesta debe traducirse en cooperación efectiva, financiamiento protegido y medidas que permitan a los tribunales cumplir sus funciones.
Los Estados que respaldan la justicia internacional necesitan acompañar sus declaraciones con acciones.
La democracia se debilita cuando quien concentra el poder decide también quién puede juzgarlo.
Proteger la independencia judicial es preservar la posibilidad de que la ley alcance incluso a quienes preferirían estar por encima de ella.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.
