Seminario de Investigación en Administración Pública.
Dr. Gabriel Cerdal Vidal.
Lic. Rodolfo Francisco Carrillo Moreno.
Doctorado en Administración Pública
Instituto Jalisciense de Administración Pública y Municipios, A. C. (IJAPM)
Introducción: los manglares como problema de política pública:
Los manglares del estado de Colima constituyen, ante todo, un problema de política pública antes de ser un tema exclusivamente ecológico. Su conservación involucra la coordinación entre tres órdenes de gobierno, la concurrencia de marcos normativos federales y estatales, la tensión entre proyectos de infraestructura estratégica y compromisos internacionales de conservación, y la disputa por el uso de un territorio del que dependen comunidades pesqueras y salineras.
Colima es, junto con Baja California, Michoacán y Jalisco, uno de los estados costeros con menor superficie de manglar del país, con apenas 0.43% de la cobertura nacional. Esta escasez relativa no disminuye su relevancia; por el contrario, la vuelve más urgente, pues la pérdida de una fracción de esta superficie representa un porcentaje proporcionalmente mayor del patrimonio natural estatal que en entidades con mayor extensión, como Campeche o Quintana Roo.
El presente ensayo analiza la situación de los manglares de Colima desde una perspectiva integral que articula la dimensión ecológica, la social y la económica, con énfasis particular en su tratamiento como objeto de política pública. Se toma como caso de estudio principal la Laguna de Cuyutlán, sitio Ramsar que concentra el 90% de los humedales del estado (Ramsar Sites Information Service [RSIS], 2011) y que en la actualidad enfrenta la amenaza más significativa de su historia reciente: el proyecto de ampliación del Puerto de Manzanillo hacia el Vaso II de la laguna.
El argumento central es que la conservación de este ecosistema no puede resolverse mediante instrumentos técnicos o normativos aislados, sino que requiere una gobernanza ambiental que reconcilie los objetivos de desarrollo portuario-industrial con los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades ribereñas, y con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado mexicano.
Marco conceptual y jurídico:
Los manglares son ecosistemas de humedal costero de alta productividad biológica que prestan servicios ambientales insustituibles: protección costera ante huracanes y elevación del nivel del mar, captura y almacenamiento de carbono azul, depuración de agua y sostenimiento de las cadenas tróficas que hacen posible la pesca ribereña. En México, las tres especies presentes en Colima mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle rojo (Rhizophora mangle) y mangle negro (Avicennia germinans), están enlistadas como especies amenazadas por la normatividad ambiental mexicana.
El marco jurídico aplicable es de naturaleza multinivel. A escala internacional, la Laguna de Cuyutlán, en sus vasos III y IV, fue designada sitio Ramsar de importancia internacional el 2 de febrero de 2011, con una superficie protegida de 4,051 hectáreas (RSIS, 2011), lo que obliga al Estado mexicano a garantizar el uso racional del humedal conforme a la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional.
A escala federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y la Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003 establecen restricciones específicas para las obras y actividades en humedales costeros y zonas de manglar.
A escala estatal y municipal, el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) de la Laguna de Cuyutlán, modificado en 2007 tras un proceso iniciado en 2004 por el gobierno del estado, define los usos de suelo permitidos en la cuenca (Zúñiga Cuevas, 2024). Sin embargo, la coexistencia de estos instrumentos no ha bastado para evitar presiones sobre el ecosistema, lo que evidencia un problema de implementación y de capacidad institucional más que de ausencia normativa.
Dimensión ecológica: pérdida de cobertura y deterioro funcional.
La actualización 2025 del monitoreo nacional de manglares, elaborada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), documentó que entre 2020 y 2025 el país perdió 27,622 hectáreas de manglar,
equivalentes a tres por ciento de la superficie nacional, al pasar de 905,086 a 877,464 hectáreas (Méndez, 2026).
El propio informe introduce un hallazgo cualitativamente más preocupante que la pérdida neta de superficie: la categoría de “manglar perturbado”, áreas que conservan su cobertura cartográfica pero sufren estrés hídrico, pérdida de altura y disminución de densidad, se multiplicó por más de cinco durante el periodo analizado. Como advirtió el investigador Jorge López-Portillo, del Instituto de Ecología, A.C., “aunque la pérdida neta es moderada, los datos muestran un deterioro cualitativo mucho más preocupante”.
Para Colima, este panorama nacional se traduce en una vulnerabilidad estructural: al contar con una superficie de manglar reducida, cualquier proceso de perturbación, ya sea por cambio de uso de suelo, contaminación industrial o alteración de la hidrodinámica lagunar, tiene un efecto proporcionalmente mayor sobre la resiliencia del ecosistema estatal.
La Laguna de Cuyutlán, con sus cuatro vasos y el Estero Palo Verde, alberga tortugas marinas, cocodrilos, cerca de 200 especies de aves muchas migratorias y numerosas especies de peces y crustáceos que sostienen la pesca artesanal. El deterioro de la barrera de manglar reduce también la capacidad natural de la laguna para amortiguar el impacto de fenómenos hidrometeorológicos extremos, un servicio ecosistémico crítico en una costa expuesta a huracanes del Pacífico.
Dimensión social: comunidades pesqueras, salineras e identidad territorial.
La dimensión social de los manglares de Colima no puede desligarse de la historia productiva de la Laguna de Cuyutlán. La extracción de sal en sus salinas se remonta, según documentos coloniales y tradiciones orales, a comunidades indígenas prehispánicas, y se consolidó durante el siglo XX como uno de los centros salineros más importantes del Pacífico mexicano.
A esta actividad se suma la pesca ribereña, que depende directamente de la salud del manglar como zona de refugio, alimentación y reproducción de especies comerciales.
Cuando se afecta la hidrodinámica de la laguna, el impacto no se limita a la pérdida de ingresos pesqueros: se compromete, como señala Sánchez Nava (2025), el derecho humano a la alimentación, al trabajo y a la cultura de las poblaciones ribereñas.
A diferencia de otros procesos de degradación ambiental, la alteración del ciclo hidrológico de un sistema lagunar tiende a ser irreversible, de modo que las especies pesqueras no necesariamente regresan una vez roto el equilibrio ecológico que regula su ciclo reproductivo.
Esta irreversibilidad transforma el riesgo ambiental en un riesgo social de largo plazo, con implicaciones directas sobre la seguridad alimentaria, el empleo y la continuidad de saberes tradicionales asociados a la pesca y la salinicultura.
Frente a esta amenaza, distintos actores sociales pescadores, salineros, apicultores y organizaciones ambientalistas, han desplegado estrategias de defensa jurídica y política: la presentación de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Colima solicitando medidas cautelares, la petición a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para declarar Área Natural Protegida a los vasos III y IV de la laguna, y la notificación a la Secretaría de la Convención Ramsar sobre la amenaza al sitio.
En el ámbito legislativo, en marzo de 2024 la diputada federal María del Carmen Zúñiga Cuevas presentó un punto de acuerdo para exhortar a la SEMARNAT y a la CONANP a declarar Área Natural Protegida los vasos III y IV de la laguna, reconociendo el interés social sostenido por la conservación del humedal desde al menos 2004, cuando el Centro Ecológico de Cuyutlán “El Tortugario” elaboró el primer documento técnico para impulsar dicha declaratoria (Zúñiga Cuevas, 2024).
Dimensión económica: entre el desarrollo portuario y la economía tradicional.
La dimensión económica de los manglares de Colima presenta una tensión estructural entre dos modelos de desarrollo. Por un lado, la economía tradicional de base ecosistémica pesca artesanal, extracción de sal y, en menor medida,
ecoturismo, depende de la integridad del manglar y genera beneficios distribuidos entre un número amplio de familias de la región costera de Manzanillo y Armería.
Por otro lado, el Puerto de Manzanillo representa la infraestructura logística más importante del Pacífico mexicano, y su gobierno, tanto federal como estatal, ha impulsado su ampliación hacia el Vaso II de la laguna como parte de una estrategia de competitividad comercial.
Esta segunda lógica económica, sin embargo, externaliza costos ambientales y sociales que no se reflejan en el cálculo costo-beneficio del proyecto portuario. La pérdida de la barrera de manglar del Vaso II no solo representa una afectación ecológica, sino también un incremento en el riesgo de desastres naturales para la infraestructura costera y las poblaciones aledañas, así como una pérdida de valor económico no monetizado asociado a la captura de carbono azul y a la protección costera que el propio manglar provee de manera gratuita.
La ausencia de una valoración económica integral de los servicios ecosistémicos del manglar en la evaluación de impacto ambiental del proyecto portuario constituye, desde la perspectiva de la política pública, una falla de mercado que el Estado tendría la obligación de corregir mediante instrumentos regulatorios más robustos, y no únicamente mediante procedimientos administrativos formales que, según han denunciado organizaciones sociales, se han desarrollado sin estudios integrales ni consulta pública real.
El proyecto de ampliación portuaria como caso crítico de gobernanza ambiental.
El caso de la ampliación del Puerto de Manzanillo hacia el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán ilustra con particular claridad los dilemas de gobernanza que enfrenta la conservación de manglares en contextos de infraestructura estratégica. El proyecto, impulsado por el gobierno federal y respaldado por la administración estatal, contempla obras de dragado, relleno y corte que activistas y organizaciones no gubernamentales han calificado como potencialmente irreparables para el manglar, los humedales y la Isla Cocodrilos II.
Los impactos identificados incluyen la alteración de la hidrodinámica que comunica los cuatro vasos lagunares, la pérdida directa de cobertura de manglar, el daño a los islotes que sirven de refugio a especies protegidas, y la afectación de pesquerías y salinas que constituyen pilares históricos de la economía regional.
Desde la perspectiva de la Nueva Gestión Pública y de los enfoques de gobernanza ambiental, este caso evidencia tres fallas recurrentes en la formulación de política pública ambiental en México: primero, una descoordinación entre los objetivos sectoriales de desarrollo económico-portuario y los compromisos de conservación asumidos internacionalmente por el Estado mexicano ante la Convención Ramsar; segundo, una insuficiente participación ciudadana en los procesos de evaluación de impacto ambiental, lo que erosiona la legitimidad social de las decisiones públicas; y tercero, una responsabilidad patrimonial latente del Estado, en la medida en que toda afectación ambiental derivada de decisiones públicas sin sustento técnico integral abre la puerta a reclamaciones por actividad administrativa irregular.
Esta última consideración es de particular relevancia para el análisis desde la administración pública, pues sitúa el conflicto ambiental de Cuyutlán no solo como un problema ecológico, sino como un riesgo jurídico y fiscal para el Estado.
Conclusión: hacia una agenda de conservación y restauración.
El análisis de los manglares del estado de Colima, con la Laguna de Cuyutlán como caso emblemático, revela que su conservación es indisociable de una agenda de política pública que articule los planos ecológico, social y económico. La evidencia disponible muestra un ecosistema estatal reducido en superficie pero de altísimo valor relativo, sometido a una tendencia nacional de deterioro cualitativo, no solo de pérdida de cobertura y amenazado en el corto plazo por un proyecto de infraestructura portuaria cuyos costos ambientales y sociales no han sido evaluados de manera integral ni consultados con las comunidades afectadas.
Una agenda pública consistente con los compromisos internacionales de México y con los derechos de las comunidades ribereñas requeriría, al menos, tres líneas de acción: fortalecer la coordinación interinstitucional entre SEMARNAT, CONANP y
los gobiernos estatal y municipales para hacer efectivo el estatus de Área Natural Protegida de los vasos III y IV de la laguna, tal como han solicitado tanto organizaciones sociales como representantes legislativos; incorporar una valoración económica de los servicios ecosistémicos del manglar incluida la captura de carbono azul y la protección costera en la evaluación de impacto ambiental de proyectos de infraestructura estratégica; y garantizar mecanismos efectivos de consulta pública y acceso a la justicia ambiental para las comunidades pesqueras y salineras cuya subsistencia depende de la integridad del ecosistema.
Solo mediante este tipo de gobernanza integral será posible conciliar el desarrollo económico regional con la conservación de uno de los patrimonios naturales más frágiles y valiosos del estado de Colima.
Referencias APA7:
Centro Ecológico de Cuyutlán “El Tortugario”. (s.f.). En Colima también hay manglares. Recuperado el 18 de septiembre de 2026, de http://tortugariocuyutlan.com/en-colima-tambien-hay-manglares/
Change.org. (2026). Salvar la Laguna de Cuyutlán en Manzanillo, Colima [Petición ciudadana]. https://www.change.org/p/salvar-la-laguna-de-cuyutl%C3%A1n-en-manzanillo-colima
Diario Avanzada. (2025, 11 de agosto). Laguna de Cuyutlán: el riesgo de una herida irreversible. https://diarioavanzada.com.mx/?p=96634
Méndez, E. (2026, 1 de agosto). México pierde 27 mil hectáreas de manglares en cinco años. Excélsior. https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-pierde-27-mil-hectareas-manglares-cinco-anos
Mexteki. (2026). El megapuerto que devorará a Cuyutlán. https://www.mexteki.org/post/el-megapuerto-que-devorar%C3%A1-a-cuyutl%C3%A1n
Proceso. (2025, 8 de agosto). ONG alerta sobre graves riesgos ambientales y sociales de nuevo proyecto portuario en Manzanillo. https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2025/8/8/ong-alerta-sobre-graves-riesgos-ambientales-sociales-de-nuevo-proyecto-portuario-en-manzanillo-354646.html
Ramsar Sites Information Service. (2011). Laguna de Cuyutlán vasos III y IV (Ficha Informativa de los Humedales Ramsar, sitio n.º 1985). Secretaría de la Convención de Ramsar. https://rsis.ramsar.org/es/ris/1985
Sánchez Nava, J. A. (2025, 25 de noviembre). Laguna de Cuyutlán en riesgo: salineros, pescadores y un ecosistema ante la expansión portuaria ilegal. Índice Político. https://indicepolitico.com/laguna-de-cuyutlan-en-riesgo-salineros-pescadores-y-un-ecosistema-ante-la-expansion-portuaria-ilegal/
Zúñiga Cuevas, M. del C. (2024, 22 de marzo). Punto de acuerdo para exhortar a la Semarnat y a la Conanp a declarar Área Natural Protegida los vasos III y IV de la Laguna de Cuyutlán, Colima. Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, LXV Legislatura. https://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/65/2024/mar/20240322-IV-1.html
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