Por: Rogelio Camarillo Carrillo
El pasado 2 de septiembre, una estudiante de la Universidad de Colima fue violentamente asaltada a la salida del campus Villa de Álvarez, justo en la esquina del bachillerato 4. Dos hombres en motocicleta la sometieron por la fuerza, la arrojaron al suelo y le arrebataron sus pertenencias: útiles, celular, cartera y su iPad rosa, herramienta indispensable para sus estudios. El hecho, ocurrido a solo tres días del regreso a clases, no es un incidente aislado; es el síntoma de un problema estructural que pone en riesgo la integridad de toda la comunidad educativa.
Lo más alarmante no es solo el robo, sino la agresión física y la vulnerabilidad del entorno. La falta de alumbrado público en la banqueta, la soledad del lugar al caer la noche y la ausencia de personal de seguridad efectivo convierten cada salida de clase en una ruleta rusa. La víctima sobrevivió con moretones y el trauma de haber sido sometida por el cuello; pero ¿cuántas más deben pasar por lo mismo para que las autoridades reaccionen?
Este caso implica una responsabilidad compartida. En primer lugar, las autoridades universitarias y municipales tienen la obligación inmediata de garantizar condiciones mínimas de seguridad: iluminación perimetral, vigilancia activa, botones de pánico y rutas de evacuación acompañadas. No basta con colocar cámaras que nadie monitorea; se requiere presencia disuasoria y protocolos de respuesta rápida. La seguridad no es un gasto, es una inversión en la continuidad académica y en la confianza de las familias.
La comunidad universitaria, por su parte, debe organizarse más allá de las redes sociales. Compartir alertas es útil, pero no suficiente. Es urgente conformar comités de seguridad por facultad, establecer horarios de salida escalonados y crear grupos de acompañamiento entre estudiantes. La solidaridad y la prevención colectiva reducen el riesgo: nadie debe caminar solo después de las 7 de la noche. Además, se debe exigir a la dirección un informe detallado de las medidas adoptadas y plazos concretos para su ejecución.
Los padres de familia no pueden quedarse de brazos cruzados. Su rol no se limita a enviar a sus hijos con un teléfono para emergencias. Deben presionar a las autoridades educativas y locales mediante cartas, reuniones y, si es necesario, acciones legales. También es fundamental hablar con los jóvenes sobre rutas seguras, horarios y la importancia de no distraerse con dispositivos en la vía pública. Pero sobre todo, deben exigir transparencia: ¿cuántos asaltos más han ocurrido sin denuncia? ¿Qué planes de contingencia existen?
Este asalto no es un hecho aislado; es el reflejo de una crisis de seguridad que azota a todo el país. Las universidades deben ser espacios de libertad y conocimiento, no de miedo. La indignación justa debe traducirse en movilización organizada y en un diálogo firme con las autoridades. La estudiante agredida ha tomado medidas legales, lo cual es un paso valiente. Ahora corresponde a todos —alumnos, profesores, padres y funcionarios— convertir esta denuncia en un catalizador de cambio.
No podemos normalizar la violencia. Cada moretón, cada pertenencia robada, cada noche sin luz nos recuerda que la seguridad no es un privilegio, sino un derecho. Exijamos que se cumpla. La comunidad de Villa de Álvarez no debe esperar a que ocurra una tragedia mayor para actuar. Hoy es el momento de alzar la voz, de exigir hechos y de construir, juntos, un entorno donde el estudio no se convierta en un acto de heroísmo.
*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles a CN COLIMANOTICIAS.
